Rosa, profesora de educación secundaria de 51 años, empezó a encontrarse mal el pasado mes de enero. Fuertes migrañas y problemas gastrointestinales que le complicaban cada vez más acudir al trabajo terminaron llevándola a su centro de salud. “El médico me mandó hacer analíticas, pero nos dimos cuenta de que todo lo que me pasaba era por un cuadro de ansiedad, generado por lo que supone dedicarte a la enseñanza hoy en día”, explica. Después de eso, el médico le extendió una baja laboral, situación que todavía mantiene en este momento. No era su primera baja por problemas de salud mental, pero en esta ocasión el cuadro de síntomas era más grave que en la anterior. Lo que cuenta no es excepcional: el I Estudio Nacional sobre el Estado de Ánimo de los Docentes en España elaborado por Educar es Todo y la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) y publicado en 2023, mostraba que en torno a un tercio de los profesores de nuestro país se siente maltratado, mientras que cerca de uno de cada cuatro está sufriendo síntomas depresivos. La situación del profesorado no difiere demasiado de la que manifiestan la mayoría de los trabajadores. Las bajas laborales han aumentado sin parar desde la pandemia, y la segunda causa más frecuente de incapacidad son los trastornos de salud mental.

“El médico me mandó hacer analíticas, pero nos dimos cuenta de que todo lo que me pasaba era por un cuadro de ansiedad”

“El médico me mandó hacer analíticas, pero nos dimos cuenta de que todo lo que me pasaba era por un cuadro de ansiedad”

Rosa nos cuenta por teléfono que hace cuatro años pasó un mes de baja por una otitis que le provocaba problemas de audición, mareos y dolor de cabeza, lo que al final le generó mucha ansiedad. Sin embargo, explica, pasado ese mes se reincorporó al trabajo sin mayor problema, perfectamente recuperada tras haber superado la otitis. Esto no es del todo habitual, porque los cuadros por trastornos mentales a veces son complejos y precisan de un tiempo más largo para sanar, lo que provoca a veces incomprensión y estigma hacia los trabajadores. Rosa considera que dentro de la enseñanza los problemas mentales no están tan estigmatizados, sin embargo, añade, “es cierto que a veces una misma se sugestiona, yo por ejemplo solo se lo he contado a las personas más cercanas, en parte porque al principio no me encontraba en mi mejor momento y me costaba hablar del tema, pero los compañeros lo entienden perfectamente”. La cosa cambia cuando hay que hablarlo con los jefes: “Los órganos de dirección del centro de estudios, dependiendo de cuánto les trastoques la organización de las clases, no siempre son del todo empáticos con tu situación, pero varía mucho en cada instituto. En cualquier caso, cada vez nos cuesta más dar clase, es un hecho generalizado, en cuanto preguntas un poco descubres que hay muchísima gente que ha pasado por lo mismo que tú”. Incluso, explica que “cuando vas al médico te dicen que los casos han subido un montón, cada vez hay más gente a la que la vida se le hace cuesta arriba”.

Al preguntarle a Rosa si su baja podría haberse evitado dice que “seguramente sí, pero yo no soy muy optimista. Hacen falta cambios muy profundos que no se están haciendo. Tenemos muchísima carga de trabajo, sobre todo obligaciones de tipo burocrático, y las instancias superiores no nos lo ponen nada fácil, el trabajo de los profesores no se valora nada”. La profesora explica también que las dinámicas que se ven en clase, con el alumnado, son cada vez más difíciles de manejar, y que “cuando esto te pilla un poco floja, porque a lo mejor se te junta con otros problemas personales, no puedes afrontarlo todo a la vez. Eso es lo que me ha pasado a mí”. De momento, la trabajadora acude a revisión cada mes para que su médico decida si se prolonga o no la baja: “Me voy encontrando mejor poco a poco, he recuperado buenas sensaciones respecto a mí misma y a mi entorno. Todavía no estoy bien del todo, pero hago progresos cada día”. La historia de Rosa es la historia de miles de trabajadores en nuestro país. 

Las cifras: tres millones de personas con depresión y un 4,4 % de los trabajadores en situación de incapacidad temporal

En mayo de 2025, el Banco de España presentó el informe anual en el que se analiza la coyuntura económica y laboral de nuestro país. Entre los datos más llamativos, se encontró un aumento del porcentaje de personas en situación de incapacidad temporal (IT), que había pasado de un 2,7 % en 2019 al 4,4 % en 2024. Según explicaba el propio organismo: “Desde la pandemia se ha observado un aumento en el número de trabajadores de baja laboral, que ha sido muy generalizado y más intenso en España que en otros países de nuestro entorno”. Es decir, el fenómeno se está produciendo entre los trabajadores de cualquier sector y edad, aunque el mayor número de bajas se concentra entre las personas mayores de 55 años (el 7 % de estos trabajadores estaban en situación de IT en el momento del estudio). 

El coste para las administraciones públicas derivado del pago de las prestaciones por incapacidad tempora representa cerca de un 1 % del PIB

El coste para las administraciones públicas derivado del pago de las prestaciones por incapacidad tempora representa cerca de un 1 % del PIB

Tras la publicación de este informe, la mayoría de los medios de comunicación corrieron a hacerse eco de lo que para ellos era más grave: la cuestión pecuniaria. Y es que, según el texto redactado por la institución que preside actualmente el exministro José Luis Escrivá: “El coste para las administraciones públicas derivado del pago de las prestaciones por incapacidad temporal ha crecido un 78,5 % desde 2019 y, actualmente, se sitúa en algo más de 15.000 millones de euros (lo que representa cerca de un 1 % del PIB). En el caso de las empresas, se estima que el coste directo empresarial ha pasado de unos 2.840 millones de euros en 2019 a unos 4.613 millones de euros en 2024, lo que supone un aumento del 62 %”.

La cuestión de las bajas por salud mental

Unos meses después de aquella publicación, en octubre de 2025, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) –órgano dependiente del Ministerio de Trabajo– reveló que, entre 2018 y 2024, las bajas por síntomas emocionales han aumentado cerca de un 490 %, los diagnósticos de estrés grave crecieron un 230 % y los trastornos de ansiedad subieron un 120 %. Además, en ese mismo periodo se registraron 4.916 accidentes laborales derivados de daño psicológico por agresiones y amenazas. De acuerdo con el informe Depresión y suicidio, durante 2021 un 6,68 % de la población española (alrededor de tres millones de personas) recibió un diagnóstico de depresión, alcanzando cifras de hasta el 10 % a partir de los 55 años. El INSST hizo especial hincapié en que “los trastornos mentales constituyen ya la segunda causa de incapacidad temporal en nuestro país. Según datos del INE, solo un 21 % de los pacientes con depresión se encuentran trabajando. Además, la depresión es el motivo más frecuente de incapacidad laboral de más de 15 días, con una duración media de 167,9 días”.

En el informe Salud mental y trabajo, publicado en enero de 2026 por el sindicato UGT, se afirmaba que “en 2024 se registraron un total de 671.618 situaciones de incapacidad temporal por trastornos mentales y del comportamiento en España, siendo este el dato más alto desde 2016. Las enfermedades mentales han aumentado un 136 % respecto a las registradas en 2016. Con datos parciales de 2025, ya se han registrado 420.783 situaciones de IT por esta causa, afectando en mayor medida a las mujeres, entre las que se registraron el 64 % de este tipo de incapacidad temporal”. 

Las causas: problemas en el trabajo, empresas con comportamientos disfuncionales, estigmatización, falta de horizonte vital y una precariedad estructural

En muchos organismos y medios de comunicación, la cuestión de las bajas laborales parece tratarse desde el paradigma de la más absoluta desconfianza hacia los trabajadores, en especial cuando dichas incapacidades son fruto de problemas de salud mental, con los que a menudo se frivoliza. Pero tras las cifras crecientes de incapacidad temporal hay miles de personas con historias de sufrimiento y malestar, a lo que se añade la falta de comprensión por parte de su entorno y de sus empleadores.

La precariedad laboral estructural y la falta de horizontes vitales están haciendo mella en el bienestar emocional de muchísima gente

La precariedad laboral estructural y la falta de horizontes vitales están haciendo mella en el bienestar emocional de muchísima gente

Es por ello que hemos querido conocer la visión de los profesionales e instituciones que mejor conocen la realidad de estas personas. Frente a la idea de que los trabajadores de baja son pusilánimes o caraduras que parasitan al sistema, todos los expertos coinciden poniendo el foco en el mismo problema: los centros de trabajo no están haciendo nada o casi nada para prevenir los problemas de salud mental de sus trabajadores, y a menudo actúan agravándolos. Además, la precariedad laboral estructural y la falta de horizontes vitales están haciendo mella en el bienestar emocional de muchísima gente.

La atención al paciente

Hablamos con Laura Armesto, especialista del área de psicología clínica en el Hospital Universitario Virgen del Rocío y actual presidenta de la Sociedad Española de Psicología Clínica (ANPIR). Armesto ha colaborado, además, en la redacción de la guía, recientemente publicada por el Ministerio de Sanidad, Trabajo y salud mental: hoja de ruta para las administraciones sanitarias en España. En el prólogo a dicha publicación, Belén Gonzalez Callado, psiquiatra y comisionada de Salud Mental, deja claro que “la dimensión del problema es innegable. Según el informe PRESME, solo en 2022 podrían haberse evitado aproximadamente 170.000 cuadros depresivos en España si no existieran condiciones laborales precarias. Esta cifra ilustra no solo la magnitud sanitaria del fenómeno, sino también su coste económico, humano y social”.

“Lo primero es dejar de frivolizar, las personas no se cogen una baja laboral: la baja es una prescripción que realiza el médico de familia”

“Lo primero es dejar de frivolizar, las personas no se cogen una baja laboral: la baja es una prescripción que realiza el médico de familia”

“Lo primero es dejar de frivolizar”, denuncia Armesto. “Las personas no se cogen una baja laboral: la baja es una prescripción que realiza el médico de familia cuando lo considera necesario para cuidar de la salud de su paciente. Los problemas más frecuentes que vemos en la consulta suelen ser depresión, ansiedad y trastornos adaptativos. La mayoría de esos problemas no llegan a recibir atención especializada, los tratan los médicos de familia como buenamente pueden, y si nos llegan a nosotros es porque la situación es más compleja y no se ha podido resolver con la intervención en atención primaria”.

Pero el malestar no se produce de la nada: “Hay que hablar también de las bajas relacionadas con problemas laborales, muchas veces, por ejemplo, vemos situaciones de acoso laboral, precariedad encadenada y sobrecarga de trabajo. Llega un punto en que la persona quema todos sus recursos, deja de poder lidiar con el día a día y ahí es cuando se produce la baja. Pero claro, no estamos abordando las causas reales del malestar. Tenemos la fantasía de que a esa persona se le da una baja, se va a casa, se repara y luego vuelve a su centro de trabajo para volver a vivir exactamente lo mismo. Lo cierto es que la gente en esa situación no puede mejorar simplemente con una baja, como ocurriría con otro tipo de procesos de enfermedad”.

Aquí es donde los propios profesionales se dan contra un muro, ¿cómo abordar desde el entorno sanitario un problema que claramente es colectivo? “En estas situaciones”, explica Armesto, “los profesionales de salud mental podemos ayudar trabajando con el paciente la conciencia de los síntomas que está sufriendo, la autoeficacia o la puesta en marcha de cambios personales. Por ejemplo, si una persona sufre acoso laboral (y algunos de mis pacientes me han relatado situaciones claramente delictivas), quizá se pueda trabajar con ella en la búsqueda de recursos, como serían poner una denuncia. Sobre todo, se debe parar el discurso de ‘no voy a ser capaz, soy culpable de lo que me está pasando’. En cualquier caso, necesitamos soluciones colectivas, tanto para prevenir como para resolver los problemas que ya se han producido. Y el entorno sanitario no es el más adecuado para enfrentar este tipo de problemas, hay que hallar soluciones que vayan más allá de lo patológico, lo individual y lo farmacológico”.

La Confederación Salud Mental España pide que se termine con el estigma y se aborde la cuestión desde los centros de trabajo

Nel González Zapico es presidente de la Confederación Salud Mental España y nos atiende por teléfono. González coincide con otros profesionales consultados en que los problemas de salud mental emergieron de manera “escandalosa” durante la pandemia. “Se trata de patologías que parece que son menores, pero no lo son, son muy graves. La situación de precariedad e incertidumbre que se generó en 2020 influyó muchísimo, hizo aumentar el consumo de fármacos, aparecieron trastornos de sueño, muchos casos de depresión. Todos esos problemas se pueden cronificar y complicarse mucho con el paso del tiempo”. España ya ha atravesado otras crisis económicas graves, como la de 2008, pero en aquel momento, señala González, también había un problema de desempleo muy serio, que explica en sí mismo que no se produjeran tantas incapacidades temporales. “El desempleo ha disminuido durante los últimos años, pero no la situación de precariedad en las condiciones laborales. La OMS ya advirtió hace años de que, si no se produce un cambio importante, para 2030 la principal causa de discapacidad van a ser los trastornos mentales”. Es inevitable hablar de la repercusión económica: “Todo eso va a tener consecuencias brutales, tanto en las vidas de las personas que soportan todo ese sufrimiento como en las pérdidas económicas. En 2024 se estimó que, a nivel mundial, cada año se pierden 12.000 millones de días de trabajo debido a la depresión y la ansiedad. ¿Cómo no va a ser eso un problema grave?”.

A la pregunta de cómo afectan los entornos laborales, González no duda en responder: “No tenemos una cultura laboral saludable, salvo casos contadísimos. Habría que empezar por concienciar al tejido empresarial de que no se puede desperdiciar el talento, no se puede desechar a la gente por padecer problemas de salud mental. Y también hay que reclamar adaptaciones para la discapacidad psicosocial. Pero quizá lo más importante es intervenir en lo relativo a la prevención de riesgos laborales, obligar a las empresas a tener en cuenta este factor, por ejemplo introducir una exploración de salud mental en los reconocimientos médicos anuales, evaluar los riesgos psicosociales de ese trabajo. Necesitamos implicar a las empresas en esto, porque al final todo el mundo necesita trabajar para vivir”.

González también cree que deberían reservarse puestos de trabajo para personas con discapacidad por problemas de salud mental, algo que solo han conseguido en algunas comunidades autónomas. “Las administraciones tienen la obligación de asegurarles también a estas personas una oportunidad, lo contrario va en detrimento de toda la sociedad, tanto por los costes económicos como por el sufrimiento personal que genera”. De la misma manera, advierte de la responsabilidad que tienen los medios de comunicación al informar sobre los trastornos de salud mental, que deberían evitar estigmatizar a quienes los padecen y culpabilizar a quien termina en una situación de baja laboral. “Al final, ese estigma es violencia contra personas en una situación vulnerable. Desde la Confederación lanzamos una guía hace unos años para tratar el asunto de manera positiva e inclusiva y combatir la desinformación”.

González Zapico insiste en que la precariedad y la incertidumbre ante el futuro son buena parte del problema, y que la solución no puede ser individual, sino que atañe a empresas, administraciones públicas, entorno laboral e incluso a las familias de los afectados. “No se puede echar balones fuera, esto es cosa de todos. A cualquiera le puede tocar en cualquier momento, nadie está libre de padecer un trastorno”. Y pide que se deje de minusvalorar el sufrimiento: “Ahora se habla mucho del problema de sobresaturación en Atención Primaria, y a veces se culpa a la gente por ir al médico pidiendo ayuda para afrontar los problemas del día a día, se habla de que no se puede medicalizar el sufrimiento, de que la vida a veces es cruda. Eso está muy bien, pero hay que saber lo que es vivir con ese dolor. Yo creo que hay que poner más atención cuando alguien se queja, cuando comenta que está sufriendo ciertos síntomas, porque si trastornos como por ejemplo la depresión no son atendidos, se pueden cronificar en el tiempo. Y, desde luego, no es de recibo ponerle una etiqueta de vago, flojo o caradura a alguien que no se encuentra bien en ese momento para trabajar. Muchas veces, la gente que sufre ni siquiera sabe de dónde le viene todo ese malestar”.

Las claves: prevenir los riesgos, entender las bajas como un síntoma social, afrontar la crisis de vivienda y ensanchar el estado del bienestar

Quien sí ha trabajado mucho con las causas profundas del sufrimiento emocional es Marta Carmona, psiquiatra comunitaria, diputada en la Asamblea de Madrid por Más Madrid y coautora, junto con Javier Padilla, del libro Malestamos: Cuando estar mal es un problema colectivo (Capitán Swing, 2022), ensayo en el que se abordaba la epidemia creciente de malestar psíquico. 

“El ritmo de vida se hace más arduo de llevar cada vez, hay una precarización progresiva de las condiciones de vida arrastrada por la gravísima crisis de vivienda”

“El ritmo de vida se hace más arduo de llevar cada vez, hay una precarización progresiva de las condiciones de vida arrastrada por la gravísima crisis de vivienda”

Le preguntamos por lo que está pasando y su respuesta es muy clara: “El ritmo de vida se hace más arduo de llevar cada vez, hay una precarización progresiva de las condiciones de vida arrastrada fundamentalmente por la gravísima crisis de vivienda que atraviesa este país, que descapitaliza a muchísimos hogares. A eso se le suma un problema general de bajos salarios, tiempos de desplazamiento al trabajo muy elevados, etcétera. En ese contexto, emerge mucho sufrimiento psíquico en torno al trabajo que no puede ser canalizado en una mejora de las condiciones de vida –hay una diferencia muy acusada entre la capacidad de identificar las causas del malestar y la agencia para modificar esas causas, en tanto que son fundamentalmente estructurales–. Al mismo tiempo, muchas empresas mantienen horarios y condiciones de trabajo devastadoras para los trabajadores, sin ningún tipo de incentivo a su mejora. El aumento de las incapacidades laborales de los últimos años, en mi modesta opinión, tiene más que ver con una progresiva menor aceptación del presentismo laboral por parte de los trabajadores”.

Carmona no elude la cuestión económica, pero señala quién debería estar haciéndose responsable: “Un problema actual grave del sistema de prestación económica por incapacidad temporal es que es exclusivamente el Estado quien se hace cargo, algo ajeno al espíritu de nuestro Estado del bienestar. En teoría, en aquellos trastornos, físicos o mentales, provocados por el trabajo, son los empleadores a través de las mutuas quienes deben hacerse cargo del mal generado. Esto es así, precisamente para que sea del interés de los empresarios mejorar las condiciones de trabajo en sus empresas. Se ve claramente con un ejemplo: si me ahorro una cierta cantidad de dinero por usar amianto pero pierdo esa cantidad multiplicada por un millón por los daños a la salud de mis trabajadores provocados por el amianto, no voy a usar amianto. Ocurre igual con la salud mental: si mi gestión de horarios, carga de trabajo, mandos intermedios, etcétera, causa un daño a mis trabajadores que a mí después me cuesta millones de euros, voy a tener un importante incentivo para mejorar esas condiciones”.

“El problema”, continúa explicando, “es que la mayoría de los trastornos, sobre todo los mentales, provocados por el trabajo, no se recogen como tales, por lo que no hay ningún incentivo para mejorar las condiciones laborales. La justicia actúa (lento y poco) cuando se vulnera claramente la ley, pero entre las condiciones deseables de trabajo y las vulneraciones claras de la ley hay un universo de condiciones indeseables en el que los trabajadores sufren, el Estado paga y nadie mejora esas condiciones”.

La psicóloga Laura Armesto es de una opinión muy parecida: “Dentro de la prevención de riesgos, los riesgos psicosociales son los más abandonados, precisamente por su invisibilidad. Necesitamos darle un enfoque estructural a esto y hacer que las empresas se ocupen también de la prevención. Todos hemos oído hablar, aunque sea a través de amigos y conocidos, de empresas en las que la gente termina quemada sistemáticamente. Ahí habría que hacer una intervención”.

Ambas expertas en salud mental coinciden en entender las bajas como un problema social y colectivo. Para Armesto, “el asunto no deja de ser un síntoma social. A veces se utilizan para cosas que no son una enfermedad. Una amiga mía tenía un bebé que no dormía por las noches, algo muy habitual. Cuando tuvo que reincorporarse al trabajo tras la baja maternal de 16 semanas, se encontró con que no podía rendir tras pasarse todas las noches en vela, y terminó con una baja por insomnio. Así que esa baja por salud mental en realidad está enmascarando que los permisos por maternidad siguen sin ajustarse a las necesidades de los bebés y sus cuidadores”.

Concluye Marta Carmona diciendo que “es imprescindible entender las bajas como el síntoma de que hay fallos en la estructura del mundo laboral que deben ser enfocados, tanto por parte de la administración pública (que como empleadora también tiene lo suyo) como por parte del sector privado. Entender los problemas de salud mental como una ‘debilidad’ de los trabajadores es errar el tiro y, sobre todo, bloquear las soluciones”.

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