Bolivia tiene una enfermedad: la captura de instituciones por grupos que aprendieron a convertir las debilidades del Estado en espacios de poder. En salud, el problema resulta grave porque el fracaso no se mide solamente en balances. Se mide en pacientes que esperan, diagnósticos que se retrasan, equipos que no funcionan y familias que descubren demasiado tarde que el hospital público no estaba preparado.

El argumento de que a la salud boliviana le falta dinero ya no alcanza para explicar todo. Sin embargo, miles de ciudadanos siguen encontrando servicios saturados y una burocracia con más respuestas para justificar problemas que para resolverlos. La pregunta es incómoda: ¿quién controla realmente las decisiones dentro del sistema sanitario?

No hace falta imaginar una conspiración para encontrar el problema. Basta observar cómo funcionan algunas instituciones cuando el poder se concentra, los controles se debilitan y las responsabilidades se reparten entre demasiados actores. Ministerio de Salud, SEDES, municipios, cajas, hospitales, sindicatos y organizaciones profesionales tienen competencias distintas. En ese laberinto aparecen espacios donde las decisiones dejan de responder a normas y dependen de contactos, favores, presiones o acuerdos.

La Caja Nacional de Salud ofrece episodios que deberían haber provocado una discusión mucho mayor. En 2023, el Ministerio de Salud denunció una presunta red en la regional Cochabamba que habría ofrecido ítems y contratos, con cobros de hasta 3.000 dólares por cargos de enfermería. Una........

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