La crisis energética boliviana es multidimensional y estructural. Su solución de fondo exige una reforma integral de los sectores de hidrocarburos y electricidad, nuevas reglas, inversión, diversificación energética y redefinir el papel del Estado. Pero mientras se diseña esa transformación, Bolivia debe resolver dos urgencias: la escasez de diésel y gasolina y una subvención fiscalmente insostenible. Bolivia debe retirar las subvenciones generalizadas y permitir que los precios reflejen progresivamente los costos económicos reales. El problema es cómo hacerlo sin que la terapia termine antes con el paciente. Por eso se propone el token energético como una tercera vía entre mantener indefinidamente combustibles baratos para todos y aplicar otro gasolinazo de golpe.

Aunque se aumenten los precios internos, si estos vuelven a quedar fijos mientras sube el petróleo internacional, la subvención reaparece automáticamente. Bolivia compra buena parte de sus combustibles en dólares y a precios internacionales, pero los vende en bolivianos a precios administrados. Cuando aumenta el costo externo y el precio interno no acompaña, el Estado paga la diferencia. La subvención queda así como un cheque abierto contra el precio internacional y el consumo.

El token cambia la lógica: en lugar de subsidiar litros, subsidia personas y actividades, y pone un límite explícito al gasto. No es una criptomoneda ni un objeto negociable, sino un derecho........

© Correo del Sur