La crisis del sistema judicial en Bolivia ha dejado de ser una novedad para convertirse en parte de nuestra resignación cotidiana. Nos hemos acostumbrado al deterioro progresivo del servicio de justicia, pero existe un dato alarmante en Sucre que refleja con crudeza la magnitud real de esta problemática institucional; en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se acumulan hoy más de 20.000 causas que ni siquiera han sido sorteadas para la emisión de su respectiva sentencia y están empolvadas en la Comisión de Admisión.

Conviene detenerse en el significado de esta cifra. No se trata de fallos complejos en etapa de redacción, sino de expedientes acumulados a la espera de ingresar al sistema de sorteo para ser asignados a un magistrado relator. Esto supera cualquier deficiencia meramente administrativa; constituye la evidencia objetiva de que el máximo intérprete de la Constitución ha incumplido su función esencial de garantizar una justicia pronta y oportuna.

Para dimensionar la gravedad de este rezago procesal, basta recordar la naturaleza de los asuntos que llegan a dicha instancia. Al TCP no acuden controversias menores, sino acciones de libertad, amparos constitucionales, recursos contra cobros fiscales ilegales o demandas de inconstitucionalidad, entre otros. Son, por definición, mecanismos extraordinarios y urgentes diseñados para........

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