Bolivia acaba de vivir uno de los episodios institucionales más delicados de los últimos años. En cuestión de horas, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) modificó la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Ejecutivo promulgó la nueva norma, el Legislativo suspendió al Fiscal General Roger Mariaca y, después de varias votaciones, designó a José Armando Urioste como autoridad interina.

El origen de la crisis fue la situación jurídica de Mariaca, aprehendido e imputado dentro de una investigación penal. La gravedad de las acusaciones corresponde determinarla a la justicia, no a la política, ero su detención puso en evidencia una insuficiencia de la legislación vigente: la Ley 260 contemplaba mecanismos de suplencia para casos de ausencia, impedimento, renuncia o suspensión definitiva, pero no había previsto con claridad una situación como la que se presentó.

La Ley 1773 incorporó un mecanismo........

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