La decisión de Estados Unidos de revocar las visas de 12 ciudadanos bolivianos y restringir el ingreso de otros nueve no puede reducirse a una anécdota diplomática ni tampoco interpretarse como una sentencia judicial. Sería irresponsable tratarla como un asunto menor, porque entre los afectados hay fiscales, jueces, magistrados, un exministro de Justicia, un exejecutivo de la Aduana, un policía que estuvo al frente de la Felcn y un empresario privado. Y, sobre todo, porque Washington formuló una acusación específica contra el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.

Según el Departamento de Estado estadounidense, Mariaca usó sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes a evadir la justicia. A diferencia de las restricciones migratorias aplicadas al resto de los bolivianos incluidos en la medida, contra el Fiscal General existe una designación pública directa por lo que EEUU califica como “corrupción........

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