La crisis del Ministerio Público y la designación de José Armando Urioste Viera como fiscal general interino abren una oportunidad, pero también una advertencia: la institución encargada de perseguir el delito no recuperará credibilidad solo con cambios de nombres ni decisiones adoptadas bajo presión.

La suspensión definitiva de Roger Mariaca, aprehendido e imputado en investigaciones penales, y la elección de Urioste se produjeron después de que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobara la Ley 1773, que incorporó un mecanismo para apartar al Fiscal General cuando esté formalmente imputado o sujeto a una medida cautelar por delitos sancionables con privación de libertad. Las acusaciones contra Mariaca deberán establecerse en un proceso judicial; no corresponde convertir una imputación en condena anticipada. Pero tampoco se........

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