Un Estado, cualquiera sea, tiene la responsabilidad de crear institucionalidad como sustento de su funcionamiento, máxime si está en curso la construcción de uno nuevo.

Dicha institucionalidad es el conjunto de normas, leyes, valores y estructuras que regulan el comportamiento ciudadano y el ejercicio del poder con el fin de asegurar que las leyes se cumplan por encima de los intereses personales de los gobernantes o ciudadanos.

En nuestro país, al haberse desmoronado el Estado plurinacional, corresponde reemplazarlo por otro y construir una institucionalidad diferente, que abra el periodo democrático republicano del siglo XXI.

Puesto en vigencia el texto constitucional en 2009, se suponía que el Estado debía dotarse de instituciones destinadas a sostenerlo; empero, lo que hizo fue estructurar un régimen autoritario alejado del democrático. Para este efecto, tomó decisiones distractivas que enmascararon sus intenciones.

Como cuarto órgano de Estado crearon un Tribunal Supremo Electoral, que debería administrar las democracias representativa, directa, participativa y comunitaria; empero, concluyó siendo el instrumento envilecedor del voto ciudadano y el órgano manipulador de la voluntad popular en las urnas.

Las autonomías territoriales e indígenas que constitucionalizaron las instituciones ancestrales, territoriales y el pluralismo jurídico terminaron pulverizando las ilusiones de los pueblos indígena originario campesinos con acciones violentas desde el Estado que negaron lo que estaba escrito, como sucedió con el Tipnis, o la dictación de la Ley de Deslinde que terminó por subsumir las normas y procedimientos colectivos a formas occidentales. Les mintieron sin........

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