La autora de esta columna profundiza en las limitaciones estructurales de la participación ciudadana y el control social en la gestión pública chilena, cuestionando el carácter meramente formal de los mecanismos institucionales creados para vincular a la ciudadanía con el Estado. A partir del caso del Servicio Nacional de Migraciones, la reflexión aborda cómo la burocracia, la falta de sanciones efectivas y la desconfianza en las instituciones debilitan la incidencia real de las personas en las decisiones públicas. Sostiene que “debemos superar la dicotomía entre la promesa del gobierno abierto y la realidad de un monólogo institucional que no escucha”.

Imagen de portada: Javier Salvo / Agencia Uno. 

El viernes 17 de abril de 2026, un informe de BioBioChile detalla una crisis en el Servicio Nacional de Migraciones caracterizada por más de 19.000 solicitudes de acceso a la información sin respuesta y multas inejecutables contra la exdirección. Este caso evidencia una inoperancia en los mecanismos de participación y control ciudadano, donde la parálisis administrativa y la falta de sanciones efectivas transforman la fiscalización a través de la participación ciudadana en un ejercicio meramente formal, dando indicios de la irrelevancia que la administración le asigna a la voz ciudadana. Este escenario no solo revela deficiencias operativas o una gestión deficiente; expone una realidad más cruda: una burocracia que se sabe superior al ciudadano y que, al no temer a sanciones, ignora con total impunidad el ejercicio de derechos fundamentales. Este episodio no constituye un hecho aislado, sino que refleja tensiones estructurales en la relación entre ciudadanía y administración pública en Chile.

La  participación ciudadana como mecanismo de control ciudadano (o control social) es el derecho y deber de la población de vigilar y fiscalizar la gestión pública. Su objetivo es asegurar que los recursos y bienes del Estado se utilicen correctamente, previniendo la corrupción y garantizando la........

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