El autor de esta columna argumenta que la resolución judicial que benefició a Sergio Jadue no cierra el debate sobre su responsabilidad, sino que reabre la discusión sobre la eficacia de la persecución penal y las reformas pendientes en la institucionalidad del fútbol chileno.

El 28 de julio de 2026, el 13° Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de sobreseimiento definitivo presentada por la defensa de Sergio Elías Jadue Jadue, expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), por prescripción de la acción penal en su contra. El tribunal declaró extinguidos los dos delitos de apropiación indebida y los dos delitos tributarios que se le imputaban desde 2016, en el marco de la investigación derivada del escándalo de corrupción conocido como FIFA Gate. La misma resolución benefició a su excolaborador Mauricio Etcheverry, quien hasta hoy sigue vinculado al fútbol profesional chileno como asesor de Universidad de Chile. El fallo no dice que Jadue sea inocente de los hechos que se le atribuyen: dice que transcurrió demasiado tiempo para juzgarlo en Chile. Esa distinción, entre prescripción y absolución, es incómoda, y es donde está el argumento de esta columna.

Los delitos imputados —apropiación indebida y declaración maliciosa de impuestos— fueron calificados por el tribunal como simples delitos, cuyo plazo de prescripción ordinario es de cinco años. Pero como Jadue reside en el extranjero desde noviembre de 2015, ese plazo se duplica conforme a la regla general del Código Penal para imputados ausentes del país. El último hecho considerado por la fiscalía ocurrió en abril de 2016; diez años después, en abril de 2026 se cumplió el plazo que la ley exige. La Fiscalía sostuvo una tesis distinta —que una regla de determinación de pena elevaba el cómputo del plazo—, pero la jueza no la acogió, en una causa que la propia justicia reconoció como voluminosa y compleja de revisar. Que la ley permita este desenlace no lo vuelve razonable: solo lo vuelve legal.

LA CUENTA QUE QUEDÓ PENDIENTE

La causa chilena no era abstracta: tenía cifras concretas, construidas por el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Ministerio Público a partir de una querella presentada el 1 de abril de 2016 y ampliada un año después.

Los $184 millones en pasajes son el detalle que mejor resume el problema de fondo: la ANFP........

© CIPER Chile