El autor de esta columna sostiene que el uso de jueces y fiscales con identidad reservada en el juicio contra el “Tren del Mar” abre un debate ineludible sobre los límites entre la seguridad de quienes persiguen el crimen organizado y las garantías fundamentales que sustentan el debido proceso en un Estado de derecho. Comenta que «los jueces y fiscales chilenos enfrentan hoy riesgos inéditos. Pero el deber de protección recae sobre el Estado, no sobre las garantías del imputado. Trasladar el costo de la seguridad de los jueces al debido proceso invierte esa lógica: convierte un déficit estatal en una carga para el acusado».

Imagen de portada: Óscar Guerra / Agencia Uno

El veredicto condenatorio contra la facción del Tren de Aragua conocida como «el Tren del Mar», dictado por el Tribunal Oral de Viña del Mar, marca un precedente procesal que merece más discusión de la que ha recibido: por primera vez en Chile un juicio oral se desarrolló con jueces y fiscales cuyas identidades permanecieron ocultas para los acusados. La amenaza del crimen organizado es real y la preocupación por la seguridad de quienes juzgan y persiguen es legítima. Pero la respuesta escogida tensiona uno de los ejes del sistema que Chile construyó, a lo largo........

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