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El proyecto sobre denuncias falsas y la cifra que nadie ha medido

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14.11.2026

El autor de esta columna advierte que el proyecto que castiga las denuncias falsas en causas de familia y delitos sexuales avanza sin datos que midan el fenómeno. Plantea que hay que distinguir entre una denuncia fabricada y una sospecha que no se pudo probar, y que el artículo 211 del Código Penal ya sanciona la denuncia maliciosamente falsa. Concluye que “el deber de denunciar no puede convertirse en una obligación de asegurar una condena. Proteger a la infancia exige que comunicar una sospecha fundada sea una vía segura para activar ayuda, no una nueva razón para guardar silencio”.

Imagen de portada: Pablo Ovalle / Agencia Uno

En el Senado se tramita, desde mediados de año, un proyecto que crea un nuevo delito de denuncia o querella falsa, con penas de hasta cinco años de presidio y agravación cuando los hechos se refieren a delitos sexuales o se formulan en sede de familia. Una moción equivalente avanza en la Cámara, respaldada por agrupaciones de afectados y por figuras públicas que se presentan como víctimas de acusaciones infundadas. A la vez, en redes sociales y en la discusión de los tribunales de familia, la controversia se ha vuelto cotidiana, sobre todo cuando se invoca un presunto abuso del padre hacia los hijos en medio de disputas por el cuidado personal o por el régimen de relación directa y regular.

El debate se ha instalado, pero mal planteado. Unos sostienen que estas denuncias instrumentales son frecuentes y que el sistema las premia; otros advierten que penalizar al denunciante criminalizará a las víctimas y agravará la cifra oscura, ya elevada, de abusos que nunca se denuncian. Ambas posiciones comparten un mismo defecto: afirman una magnitud que nadie ha medido. No es un reparo menor. El 5 de octubre de este año, la Comisión de la Mujer y la Equidad de Género del Senado, el órgano técnico llamado a pronunciarse sobre la materia, rechazó la idea de legislar; y, pese a ese informe desfavorable, el proyecto continuó su curso hacia la Comisión de Constitución. Allí su propia autora ingresó una indicación para exigir dolo directo, de modo que solo se sancione a quien conoce la falsedad de la denuncia, y admitió que no existen datos que permitan dimensionar con exactitud el fenómeno. Legislar penas en su grado máximo sobre una frecuencia desconocida es, cuando menos, prematuro.

Conviene entonces desplazar la pregunta. El punto no es decidir por adhesión ideológica si las falsas denuncias son muchas o pocas, sino asumir que existen y producir el conocimiento que permita dimensionarlas con precisión. Esa es una cuestión técnica antes que política, y es ahí donde la psicología jurídica y forense tiene algo que decir.

La discusión chilena reproduce, con retraso, una tensión que recorre los sistemas de justicia de familia en todo el mundo, y lo hace además en una dirección que sus promotores no siempre advierten. Durante las últimas dos décadas, el eje del debate internacional no ha sido la expansión de los castigos al denunciante, sino la crítica al uso del llamado síndrome de alienación parental como estrategia para desacreditar denuncias de abuso. La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres, en su informe de 2023 sobre custodia y violencia, documentó que ese constructo, acuñado por Richard Gardner y nunca reconocido por la Organización Mundial de la Salud, se emplea de manera........

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