La autora de esta columna hace un análisis de las dificultades que ha tenido la aplicación de la Ley Karin en el mundo público. Sostiene que «la Ley Karin representa un avance civilizatorio en materia de derechos laborales. Pero su verdadera efectividad dependerá de que el Estado chileno deje de ser un observador pasivo y asuma un rol activo en garantizar procesos justos, rápidos y con enfoque humano. Se requieren plazos más breves, acompañamiento integral, medidas de resguardo efectivas y sanciones ejemplares. De lo contrario, la ley corre el riesgo de transformarse en un trámite más dentro de la burocracia estatal».

Créditos imagen de portada: Ignacio Jhonson / Agencia Uno

La Ley Karin ha permitido visibilizar el acoso laboral y sexual, pero su proceso en el sector público enfrenta demoras estructurales y culturales que amenazan su efectividad. Los procesos lentos, las investigaciones mal realizadas y la revictimización siguen siendo una deuda del Estado.

En agosto de 2024 entró en vigor la Ley Nº 21.643, conocida como Ley Karin, que modificó el Código del Trabajo para sancionar el acoso laboral, el acoso sexual y las conductas violentas en los espacios de trabajo. Su propósito fue claro: garantizar entornos laborales libres de violencia, tanto en el sector privado como en el público.

A más de un año de su aplicación, Chile cuenta con una ley moderna y necesaria, pero su impacto real en el Estado —donde debería dar el ejemplo— sigue siendo limitado.

Según información proporcionada por la Dirección del Trabajo, entre agosto de 2024 y junio de 2025 se contabilizaron un total de 44.212 denuncias relacionadas con violencia en el ámbito laboral. De estas, el 66,4 % fueron interpuestas por mujeres.

En el ámbito del sector público,

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