El Poder Judicial, cuyas funciones han de ejercitarse con pleno sometimiento a la Constitución y a la Ley, a través del máximo órgano jurisdiccional -el Tribunal Supremo- ha perpetrado una pirueta pretendidamente jurídica para usurpar el papel constitucional del Poder Legislativo al que, en representación de la soberanía popular, le corresponde desarrollar el contenido de los derechos fundamentales y definir el interés público que merece ser tutelado por la Ley.

La pirueta, diseñada por el magistrado Narváez -el mismo que expresó en una cena entre Feijóo y algunos fiscales su ferviente deseo que el PP llegara al Gobierno- consiste en colocarse por encima de la Ley, nada menos que en la adopción de unas medidas cautelares, aprovechando la impugnación de una resolución de la Junta Electoral Central para “derogar”, temporalmente claro, una disposición de la Ley de Memoria Democrática sin promover la cuestión de inconstitucionalidad, que sólo puede ponerse en marcha una vez concluido el proceso judicial y antes de dictar sentencia.

El juez Narváez es perfectamente conocedor del carácter restrictivo con el que la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa regula las medidas cautelares: que “podrán denegarse cuando de ésta pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero” (artículo 130.2). Intereses generales que la Ley, y sólo la Ley, puede definir. Interés de tercero, nada menos que consagrado como derecho fundamental de participación política (artículo 23 de la Constitución). Tanto lo sabe que lo subraya en el propio Auto, al reproducir la........

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