El diagnóstico sobre el sistema de protección a la infancia no admite más paños calientes. Las costuras han reventado y la estructura está muerta por puro agotamiento. No estamos ante un problema puntual, una falta de plazas de última hora o un bache presupuestario aislado. Lo que tenemos enfrente es una patología de la propia matriz de las instituciones. Un engranaje que nació con una promesa ética clara, encaminada a reparar la vulnerabilidad, sanar historias rotas y ofrecer refugio incondicional, se ha convertido, por pura inercia, en una maquinaria burocrática obsesionada con el control, la fiscalización y su propia supervivencia. Cuando la prioridad de una organización pasa a ser taparse las espaldas administrativamente antes que sostener la complejidad humana, el sistema enferma. Y en su caída, cronifica el daño de las mismas criaturas a las que juró proteger.

La muestra más flagrante de esta dolencia es la manía persecutoria por patologizar y etiquetar la diversidad. En lugar de entender las conductas de los niños, niñas y adolescentes como respuestas lógicas, adaptativas, a traumas severos, desamparos institucionales o contextos de violencia originaria, la institución tira por el camino más cómodo y menos autocrítico: el diagnóstico clínico. Se trabaja desde una suerte de psicopedagogía ortopédica que busca encajar los cuerpos y los comportamientos en el engranaje residencial o escolar, sin hacer ruido. El sistema actúa como un notario implacable del déficit: registra minuciosamente lo que al menor «le falta», lo que «falla» en su desarrollo o lo que resulta «disruptivo» en su carácter. Con esta mirada clínica se evita, de forma deliberada, cuestionar la idoneidad de los propios recursos, la precariedad y la altísima rotación de los equipos........

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