La diputada socialista Alicia Vanoostende ha formulado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra la negativa de la Consejería de Presidencia del Gobierno canario, que preside Nieves Lady Barreto, a facilitarle el listado de beneficiarios de las ayudas económicas a los damnificados por la erupción del Tajogaite en 2021. El TSJC ha emplazado en agosto a los perceptores de estas subvenciones para que, en un plazo de cinco días, puedan intervenir en el procedimiento y defender su derecho a la privacidad.

Resulta altamente esperpéntico que esta parlamentaria haya tenido que recurrir a la justicia, incluso contando con un informe de los servicios jurídicos del Parlamento canario que avala su derecho a conocer esta información: “La decisión gubernamental controvertida, de no dar traslado directo de la información relativa la 11L/SD-3164 a la diputada del GP Socialista Canario Dª Alicia Vnoostende Simili, no parece tener fundamento jurídico suficiente”.

¿Qué razones esconde la consejera y el Gobierno de Canarias para negarse a facilitar el derecho reconocido jurídicamente de conocer todos los expedientes de concesión de las ayudas? Esta cabezonería, preocupante en un estado de derecho democrático, ya estaba judicializada antes del recurso promovido por Vanoostende, ya que la consejera se negó a cumplir una resolución del Comisionado de Transparencia según la cual esta información no puede ser confidencial. Lady Barreto prefirió presentar un recurso judicial antes que cumplir esta resolución. En esta demanda de la consejera me he presentado como demandado, ya que he sido la persona que denunció ante Transparencia la no publicidad de las subvenciones de ayudas por las pérdidas sufridas por el volcán.

El comportamiento de la consejera, y, por ende, de todo el Gobierno Canario puede calificarse de trumpista. El uso y abuso del poder para negarse a cumplir con el derecho y la justicia es algo que estamos observando continuamente con Trump. En el caso del Gobierno de Canarias el hecho es aún peor, porque calla, miente y esconde una práctica de prepotencia y arrogancia que espero que algún día tenga su castigo en los tribunales.

La gestión de la mal llamada “reconstrucción” de La Palma tras la erupción del volcán Tajogaite ha dejado de ser un ejercicio de solidaridad institucional para convertirse en el mayor experimento de ingeniería de la opacidad administrativa en Canarias. La conclusión de los hechos de la reiterada negativa a la publicidad de información me lleva a concluir que, detrás del relato oficial de la recuperación de la zona afectada, se oculta una “caja negra” donde cientos de millones de euros de dinero público se adjudican y distribuyen bajo un manto de secretismo sistemático, silencios administrativos y maniobras legales diseñadas ad hoc para eludir cualquier atisbo de control democrático.

La transparencia no es una concesión graciosa de la Administración, es la principal garantía contra la arbitrariedad. Sin embargo, en La Palma el modelo de gestión parece configurado para blindar los flujos de dinero público frente al escrutinio ciudadano. E incluso el propio escrutinio de la oposición en el Parlamento de Canarias.

¿Qué maniobras se esconden detrás del laberinto del silencio y el bloqueo institucional? La fiscalización ciudadana del dinero público se enfrenta a un muro infranqueable. La Administración ha optado por el bloqueo como estrategia defensiva. Empiezo por contar mi periplo personal exigiendo este derecho.

En octubre de 2024 formulé una reclamación y queja solicitando la modificación de la Orden de 2 de julio de 2024, que regulaba el régimen de........

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