Margarita. 71 años. Situación de vulnerabilidad. Expulsada de su hogar y arrojada, sin eufemismos posibles, al desarraigo y a la soledad que deja aquello que fue casa y ya no lo será. Su caso encarna con nitidez el resultado de una política jurídica con derechos humanos, pero no de derechos humanos: una práctica que invoca la legalidad mientras vacía de contenido la dignidad que dice proteger.

Lo ocurrido en el puerto de Las Palmas no fue un mero incidente administrativo ni una consecuencia anecdótica de un exceso de celo reglamentario. Fue, en sentido estricto, la expulsión violenta de una persona de su hogar (y de tantos otros casos que pueden continuar, como pone de relieve el colectivo canario Mi barco, mi casa: 200 residentes del puerto luchan, actualmente, contra el desahucio), ejecutada bajo la apariencia de legalidad y consumada con la intervención de la fuerza pública. Y cuando el poder se ejerce de ese modo conviene detenerse a pensar, porque es precisamente ahí donde suelen incubarse las formas más eficaces, y por ello más peligrosas, de la injusticia.

Durante años, aquella embarcación amarrada en el muelle no fue un objeto flotante ni un problema de orden portuario: fue una casa. Allí se cocinaba, se dormía, se enfermaba y se envejecía. Allí se desarrollaba, con todas sus limitaciones, una vida. Sin embargo, el día del desalojo, esa realidad fue borrada de un plumazo. La mujer dejó de ser una persona que habitaba un espacio para convertirse, a ojos de la autoridad, en una ocupante irregular, en una anomalía que debía ser corregida. El lenguaje administrativo hizo su trabajo: despersonalizó, simplificó,........

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