Veintidós años después de que la «Guerra del Gas» unificara al pueblo boliviano en una lucha que derrocó a un gobierno y abrió las puertas al «Proceso de Cambio», una nueva y poderosa ola de movilización social sacude al país. La paradoja es histórica: aquel movimiento que llevó al MAS al poder y transformó el Estado ha encontrado, en su fase de aparente declive, un nuevo catalizador de unidad popular. Pero esta vez, la unidad se levanta *contra* el gobierno que emerge de las cenizas de ese mismo proceso.

El triunfo electoral de Rodrigo Paz en la segunda vuelta de 2025, marcada por la exclusión del sector de Evo Morales, pareció cerrar un ciclo. Analistas y actores del Comité Cívico Pro Santa Cruz declararon al MAS «fuera de la historia». Sin embargo, el nuevo gobierno, que llegó con un discurso moderado y promesas de mantener subsidios, ha activado en apenas meses una resistencia de magnitudes inéditas desde 2003. El detonante: el Decreto Supremo 5503, un «Paquete Integral de Estabilización» emitido en diciembre, que declara una Emergencia Económica y Social, pero que en realidad intenta restaurar un modelo económico que se consideraba ya superado en la historia boliviana.

La grieta constitucional

Además de los efectos del «gasolinazo» –la suspensión del subsidio al diésel y la gasolina–, el corazón del conflicto radica en lo que amplios sectores jurídicos y políticos denuncian como una fractura constitucional. El decreto, fundamentado en la Ley de Gestión de Riesgos, ha sido utilizado para implementar medidas de profundo calado estructural sin el filtro de la Asamblea Legislativa.

Expertos constitucionalistas señalan al menos tres fisuras graves:

Esta lectura no es patrimonio exclusivo de la izquierda. Voces tan disímiles como el vicepresidente Edmundo Lara,........

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