Apenas dos meses después de su juramentación, el gobierno del presidente Rodrigo Paz enfrenta su primera y más severa prueba de gobernabilidad. La abrogación del Decreto Supremo 5503, forzada tras semanas de masivas protestas lideradas por la Central Obrera Boliviana (COB), ha dejado al Ejecutivo en una posición de debilidad política prematura, lo que en el argot político se conoce como un «gobierno pato cojo». Mientras el oficialismo intenta reposicionarse anunciando un nuevo decreto que preserve el núcleo económico del paquete, las fracturas internas y las demandas sociales exponen la fragilidad de su proyecto.

El discurso de medianoche del presidente Paz, grabado junto a su gabinete, buscó proyectar control y continuidad. Defendió el legado del 5503 como un instrumento que «cumplió su objetivo» de evitar el «colapso de la patria» y ahorrar 10 millones de dólares diarios, atribuyendo las carencias a los bloqueos que, según él, costaron el doble. Su anuncio de un nuevo decreto para «consolidar las conquistas» y de una comunicación directa con las bases para sortear a los «malos dirigentes» revela una estrategia de recentralización del relato.

Sin embargo, este mensaje fue inmediatamente contrapesado y casi desautorizado por su propio vicepresidente, Edmand Lara. En un video dirigido explícitamente a Paz, Lara calificó la abrogación no como una simple advertencia, sino como un «memorándum de preaviso de despido» proveniente del pueblo movilizado.

Su admonición – «si no se trabaja con el pueblo, es mejor no ocupar el cargo» – y su agradecimiento a las bases movilizadas evidencian una grieta profunda en la coalición de gobierno. Lara, quien se atribuye el traslado del voto «evista» que llevó a Paz a la........

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