El fiscal general interino José Armando Urioste pidió el 12 de octubre que no se permita a las mafias pagar a los medios de prensa para desacreditar su trabajo. No nombró a ningún medio ni presentó pruebas. Fue una acusación irresponsable. Como titular de la acción penal, le corresponde investigar esos pagos y probarlos.

Las dudas sobre su elección nacieron de sus propias palabras. El 7 de octubre contó en CNN que un empresario, excliente suyo, le pidió el currículum «días antes». Dos días después, el presidente del Senado, Diego Ávila, dio otra versión. Según él, el nombre se lo sugirió el presidente Rodrigo Paz.

La acusación llegó en forma de exhortación. El problema es quién la formuló. La Constitución rige el Ministerio Público por los principios de objetividad y responsabilidad (art. 225.II), y una frase así, lanzada por su máxima autoridad sin una sola prueba, se aparta de ese mandato.

La acusación de Trinidad

En Trinidad, Urioste dijo que a la polémica del empresario “se le ha dado un cauce de deslegitimación” de su elección. Luego atribuyó al Primer Comando de la Capital (PCC) el asalto a una joyería en Santa Cruz y lo explicó por la falta de efectivo del crimen organizado tras la aprehensión de Mariaca. Acto seguido hizo su pedido. “No permitan que las mafias estén pagando a los medios de prensa para desacreditar un trabajo que está empezando”.

Ese mismo día, El Deber publicó informes de inteligencia policial según los cuales Mariaca pagó durante más de dos años a supuestos periodistas para obtener cobertura favorable, con la coordinación del área de Comunicación de la Fiscalía.

La Policía investiga esos pagos. El 15 de octubre, el Ministerio Público sostuvo en un comunicado que las palabras de Urioste aludían a hechos específicos bajo investigación, pero no identificó a ningún medio ni periodista.

Los informes policiales describen pagos para elogiar a Mariaca. Urioste habló de pagos para desacreditarlo a él. Esos informes señalan a supuestos periodistas concretos, mientras su frase alcanzó a “los medios de prensa” en general. Que una autoridad investigue a organizaciones criminales no convierte toda crítica en obra de esas organizaciones.

La Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz le exigió sustento verificable. La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia pidió que, si existen pruebas, la Fiscalía investigue e identifique a los responsables, y rechazó que posibles........

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