El proyecto de ley que el Gobierno remitió a la Asamblea Legislativa el 28 de agosto para autorizar un crédito de $us 1.900 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) es la punta del iceberg de un acuerdo que compromete el futuro económico de Bolivia. El documento confirma la gravedad de la crisis y los términos financieros del préstamo, pero su principal implicancia es revelar la enorme opacidad que envuelve el núcleo del acuerdo: el programa de reformas.

Esa opacidad ya tiene una primera consecuencia conocida: el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, reconoció que el incremento del 84% en el precio del diésel para grandes compras es un «condicionamiento» del FMI para desembolsar el crédito, una medida que ya desató protestas de productores y alcaldes. El Ejecutivo pide al Legislativo aprobar el empréstito sin haber hecho público el memorándum de entendimiento que especifica las metas fiscales, cambiarias y de precios que Bolivia deberá cumplir, lo que, según analistas y opositores, constituye un «cheque en blanco» que vulnera el artículo 158 de la Constitución, que exige que la Asamblea conozca y fiscalice las condiciones de los créditos públicos.

De «no iré al FMI» a «aprueben a ciegas»

Durante la campaña electoral de 2025, Rodrigo Paz fue categórico en su rechazo a recurrir al FMI. En el debate presidencial del 12 de octubre de 2025, afirmó: «Una cosa está muy clara: yo no voy a ir al Fondo Monetario Internacional a pedir 12.000 millones de dólares». En una entrevista con EFE, el entonces candidato aseguró que su prioridad sería «ordenar la casa» sin acudir al organismo, pues consideraba que eso implicaría «meter una carga de deuda extraordinaria al país». Su lema de campaña era «Cuando la plata no se roba, alcanza».

Once meses después, el 28 de agosto de 2026, el presidente Paz remitió a la Asamblea el proyecto de ley que autoriza el crédito del FMI. El giro es total: de descartar el endeudamiento externo a solicitar al Legislativo la aprobación de un programa de........

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