La evidencia tampoco respalda el entusiasmo punitivo y obliga a formular una pregunta incómoda: ¿ya no probamos antes este camino?

Cada vez que un hecho grave de violencia escolar irrumpe en la agenda pública, el debate político tiende a centrarse en la conmoción, la urgencia y la búsqueda de sanciones más severas.

Ese libreto reaparece hoy con el proyecto de ley “Escuelas Protegidas”, impulsado por el Ejecutivo, que propone revisión de mochilas, registros policiales a niños, niñas y adolescentes, y hasta la inhabilidad temporal para acceder a la gratuidad en educación superior. Esta última medida no es neutral: afectaría especialmente a quienes dependen de ella para proyectar su continuidad educativa.

El problema no es que el Estado busque proteger a las comunidades educativas. Eso es indispensable. La cuestión es cómo hacerlo. Una opción es fortalecer las capacidades de las escuelas para enfrentar mejor los diversos desafíos de la convivencia. Otra, muy distinta, es trasladar la idea de protección hacia una lógica de autoridad sostenida en la sospecha, la intervención policial y el castigo.

La comparación del proyecto con la Ley 21.809 sobre Convivencia, Bienestar y Buen........

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