Y ese es justamente el riesgo más antiguo del poder. Cuando las instituciones sienten amenazada su legitimidad, muchas veces aparece la tentación de endurecer criterios, expandir interpretaciones y relativizar garantías en nombre de un bien superior.

Hay algo profundamente peligroso en las instituciones cuando comienzan a convencerse de que su superioridad moral les permite flexibilizar las reglas que dicen defender. El fallo Rol Pleno N° 2807-2025 de la Corte de Apelaciones de Santiago, dictado contra una funcionaria judicial que viajó al extranjero mientras se encontraba con licencia médica, no solo abre una discusión sobre probidad administrativa o uso correcto de subsidios estatales. Abre una discusión mucho más incómoda: qué ocurre cuando el propio Poder Judicial empieza a tensionar garantías fundamentales para construir una señal pública de autoridad en medio de una crisis institucional.

Porque eso es lo que parece atravesar silenciosamente toda esta resolución. Más que un simple procedimiento disciplinario, el fallo transmite la sensación de estar frente a una demostración ejemplificadora, una especie de sacrificio institucional cuidadosamente expuesto para enviar el mensaje de que el sistema ahora sí está dispuesto a castigar.

Y ahí aparece el primer problema serio. La investigación disciplinaria se inicia años después de ocurridos los hechos, por lo que la defensa alegó prescripción conforme a las reglas generales del Acta N°108-2020 de la Corte Suprema. Sin embargo, el tribunal evita aplicar esa prescripción utilizando una fórmula jurídicamente delicada: sostener que los hechos “podrían” eventualmente constituir delitos penales, particularmente fraude y uso de licencias ideológicamente falsas. Es decir, sin formalización, sin condena y sin sentencia penal alguna, la Corte utiliza una hipótesis delictiva para extender........

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