Cuando entra al gabinete, cuando firma decretos, cuando administra presupuesto, se activa el mecanismo de expulsión cultural: “esto no puede ser”. A otros se les presume pluralismo; al evangélico se le presume imposición.

El nombramiento de Judith Marín como futura ministra de la Mujer y Equidad de Género abrió un debate legítimo y necesario: si una autoridad con agenda conservadora entiende el mandato legal del ministerio, si resguardará su institucionalidad, si pondrá por delante políticas contra la violencia, protección social y equidad, y si gobernará para todas las mujeres chilenas, en especial, las más vulnerables. Esa es la conversación de fondo: gestión pública, prioridades, cumplimiento de la ley, resultados.

El problema es que una parte del comentario público decidió no quedarse allí. Prefirió el atajo identitario: no “ministra”, sino “ministra evangélica”, como si la fe fuera una inhabilidad civil.

En Chile, esa etiqueta no circula como un dato biográfico neutro; se usa como sospecha automática, como alarma cultural, como forma elegante —o derechamente burlona— de decir “esta persona no pertenece”. Y ese desplazamiento es grave porque cambia el eje: ya no se discute qué hará una ministra, sino si su identidad la descalifica antes de empezar.

Aquí aparece el doble estándar más evidente del debate chileno. Casi nunca se presenta a una autoridad como “ministro católico” para insinuar fanatismo, ni se instala el rótulo “ministro judío” para cuestionar compatibilidades democráticas. Pero cuando la autoridad es evangélica, el país activa un código de desprecio heredado: “confesional”, “retroceso”, “burla”, “anti derechos”, ¿cómo entró esta gente al Estado?

En perspectiva histórica, esto tiene nombre y estructura: “canutofobia”. El sociólogo Miguel Ángel Mansilla ha descrito la canutofobia como un rechazo que no solo apunta a una doctrina religiosa,........

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