La palabra criminal ha adquirido un peso extraordinario en la política migratoria de Estados Unidos. Se pronuncia con dureza, se utiliza para justificar redadas, detenciones y deportaciones y aparece una y otra vez como argumento para explicar por qué determinadas personas no deberían permanecer en el país. El problema comienza cuando uno hace una pregunta elemental: ¿La palabra criminal significa lo mismo cuando se aplica a todos?

Donald Trump fue declarado culpable por un jurado de Nueva York de 34 delitos graves relacionados con la falsificación de registros comerciales. No se trató de una acusación política, de una denuncia sin resolver ni de una investigación periodística. Hubo un juicio, hubo un jurado y hubo un veredicto de culpabilidad en los 34 cargos. Posteriormente, el 10 de enero de 2025, Trump recibió una sentencia de unconditional discharge: permaneció como delincuente condenado, pero sin prisión, multa ni libertad condicional. Ese dato debería formar parte de cualquier conversación seria sobre la obsesión con "expulsar a los criminales". 

No porque Trump pueda ser deportado. No puede. Es ciudadano estadounidense y nació en Nueva York. Precisamente por eso la pregunta es otra: ¿Por qué un inmigrante puede ser reducido públicamente a la palabra criminal para justificar su expulsión, mientras un presidente de Estados Unidos puede haber sido declarado culpable de 34 delitos graves y continuar ejerciendo la máxima autoridad política del país? La respuesta jurídica es evidente: un ciudadano estadounidense no puede ser deportado simplemente porque haya cometido un delito. Pero la pregunta política y moral permanece: ¿Quién decide cuándo la palabra "criminal" sirve para hablar de seguridad y cuándo deja de importar?

Estados Unidos tiene derecho a controlar sus fronteras. Tiene derecho a detener a personas que violan las leyes migratorias. Tiene derecho a deportar a quienes, después del debido proceso, no tienen derecho legal a permanecer en el país. Y cuando un extranjero comete un delito grave, resulta perfectamente legítimo que el Estado lo considere un factor relevante en un procedimiento migratorio. La discusión seria comienza cuando la palabra criminal se convierte en una etiqueta que ya no describe a una persona condenada por un delito, sino que funciona como una herramienta política para justificar una política de detención cada vez más amplia.

Los datos de ICE son difíciles de ignorar. En julio de 2026, la agencia realizó 49.571 arrestos, el mayor número mensual registrado durante el segundo mandato de Trump y aproximadamente un 15% más que en junio. Pero el dato más incómodo está dentro de esa cifra: más de la mitad de las personas arrestadas no tenían condenas penales ni cargos criminales pendientes. Menos de una cuarta parte había sido condenada por algún delito. Entonces hay que hacerse una pregunta sencilla: si la justificación principal es perseguir criminales peligrosos, ¿por qué más de la mitad de los detenidos en un mes récord no tenían condenas ni cargos criminales........

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