"… No pasó nada. Porque no podía pasar. Porque la historia, cuando quiere ser irónica, siempre se repite como comedia que se toma en serio".

José Luis Farías. El Nacional

La historia petrolera de Venezuela es, en esencia, la historia de su soberanía. Un pulso constante entre la renta fácil que emana del subsuelo y la construcción política de una nación que intente, no siempre con éxito, domeñar ese poder para fines colectivos. La actual iniciativa de Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, planteada en un contexto de profunda crisis estructural de la industria y del país, no es un mero ajuste técnico. Representa, desde una perspectiva crítica e histórica, una peligrosa ruptura con los principios de soberanía nacional, renta justa y control público sobre los recursos no renovables que, con altibajos y contradicciones, se fueron codificando a lo largo del siglo XX y culminaron en el marco constitucional y legal de la temprana centuria actual.

Para entender la magnitud de este retroceso, es necesario remontarse no solo a los textos legales, sino a las advertencias técnicas y económicas de pensadores venezolanos que, desde la sombra del optimismo oficial, previeron los riesgos de confundir deseos con realidades geológicas y mercados. La afirmación de Francisco Potellá sobre la "Faja Petrolífera del Orinoco" (no es reserva petrolera en el sentido estricto, comercial y económico, sino un "recursos técnicamente recuperables" con una "inmensa acumulación de materia orgánica putrefacta que no tendrán ninguna aplicación económica") es la piedra angular de un contraargumento que desnuda la falacia de basar reformas legislativas en la ilusión de "una abundancia infinita y barata".

Esta reforma, lejos de rectificar los errores que llevaron al colapso productivo, los consagra y profundiza, sacrificando la soberanía en el altar de una necesidad inmediata de inversión externa, sin las salvaguardas que desde Juan Pablo Pérez Alfonzo hasta la Constitución de 1999 se consideraron inviolables.

El petróleo venezolano nació bajo el signo de la concesión. Un régimen por el cual el Estado, débil y rural, entregaba vastos territorios a compañías internacionales a cambio de regalías risibles, sin control alguno sobre la producción, los precios o el destino de los hidrocarburos. La lucha por una mayor participación fiscal, iniciada con la ley de 1943, y luego la emblemática nacionalización de 1976, fueron hitos en la lenta y compleja construcción de esa soberanía. Sin embargo, como analizaron tempranamente pensadores como Domingo Alberto Rangel, la nacionalización, aunque un acto de soberanía política innegable, creó una empresa estatal (PDVSA) que, en sus élites técnicas, internalizó la lógica de las corporaciones multinacionales a las que suplantó.

La "soberanía administrativa" no siempre coincidió con una soberanía al servicio de un proyecto nacional de desarrollo integral. La apertura petrolera de los años 90, con las llamadas "asociaciones estratégicas" y "ganancias compartidas", fue un punto de quiebre. Para Francisco Mieres y Gastón Parra Luzardo, este proceso, aunque incrementó la producción a corto plazo, significó una reprivatización encubierta y una pérdida de control efectivo por parte del Estado. Las empresas operadoras, con mayor participación accionaria y poder de decisión, repatriaban grandes utilidades mientras el fisco recibía una fracción menor que durante el periodo de la industria nacionalizada plenamente. Fue contra este modelo de desnacionalización fáctica que se gestó, a finales de los 90 y principios........

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