En los debates recurrentes de la arena pública contemporánea, se instala con frecuencia una falsa dicotomía: la idea de que la existencia de instrumentos jurídicos de protección contra la hostilidad y la discriminación (como las leyes contra el odio) es una trampa restrictiva de la libertad, y que su eventual derogación o despenalización traería mágicamente una suerte de armonía democrática. 

La pregunta subyacente que muchos ciudadanos se hacen de buena fe es: ¿si se despenaliza la ley contra el odio, va a significar que desaparecerá el odio político?

La respuesta, desde la perspectiva rigurosa del derecho internacional público, la sociología  política crítica y la defensa irrestricta de la soberanía nacional, es un rotundo y categórico no. 

Lejos de extinguir el conflicto o disolver las pasiones políticas, suprimir los marcos normativos que sancionan la incitación al fascismo, a la discriminación y al magnicidio simbólico o real abriría las compuertas de la impunidad para la violencia estructural y el fascismo........

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