La Asamblea Nacional aprobó el lunes 9 de marzo en primera discusión un nuevo proyecto de Ley Orgánica de Minas, impulsado por el gobierno de Delcy Rodríguez, que abre aún más el sector minero al capital extranjero y al control estadounidense. La iniciativa fue presentada pocos días después de la visita a Caracas del secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, responsable de promover el acceso de empresas estadounidenses a minerales estratégicos en el extranjero.

Tierra despojada en una mina de oro en el Arco Minero. Foto de Vilisa Morón-Zambrano.

Apenas un mes después de la entrega del petróleo, el gobierno presidido por Delcy Rodríguez concretó este lunes la primera votación en la Asamblea Nacional de la nueva Ley de Minas, una reforma legal que profundiza la política de saqueo de los recursos naturales y bienes comunes para satisfacer los intereses de las transnacionales estadounidenses. La votación se da en el marco de los compromisos adquiridos durante la visita relámpago del secretario del Interior de EE. UU., Doug Burgum, quien llegó a Caracas la semana pasada.

La nueva Ley de Minas responde a la misma lógica que la reciente reforma de la Ley de Hidrocarburos, aprobada hace un mes, que abrió el sector petrolero al capital transnacional bajo el argumento de "recuperar la economía". Hoy el gobierno intenta hacer lo mismo con el oro, el hierro, la bauxita y las tierras raras, profundizando un modelo extractivista subordinado a los intereses de Washington.

La reforma minera fue anunciada poco después de la reunión entre Delcy Rodríguez y Doug Burgum. Este proceso confirma que la nueva legislación forma parte de una estrategia geopolítica más amplia de la administración Trump para asegurar el acceso a minerales estratégicos en América Latina, indispensables para la industria tecnológica, energética y militar estadounidense.

Tras la visita de Burgum, y con el compromiso de Delcy Rodríguez de acelerar la aprobación de la Ley de Minas, Estados Unidos emitió licencias que autorizan operaciones relacionadas con el oro venezolano, incluida la posibilidad de transacciones con la empresa estatal Minerven. Incluso se ha reportado el envío de cargamentos de oro venezolano hacia Estados Unidos, en el marco de estos nuevos acuerdos económicos. También se informó que los recursos obtenidos por la venta del oro serán controlados y administrados por el gobierno de Trump, tal como ocurre actualmente con el petróleo.

De acuerdo con el borrador de la nueva Ley de Minas, se derogarían dos normas: una de regulación minera de 1999 y otra sobre el oro de 2015. Al igual que en la reforma de la Ley de Hidrocarburos, el proyecto aprobado en primera discusión introduce cambios significativos: ampliación de los plazos de concesión minera, flexibilización de las condiciones para la inversión extranjera, posibilidad de recurrir al arbitraje internacional y nuevas garantías jurídicas para las empresas privadas. Esto permitirá a empresas extranjeras y nacionales explotar oro, diamantes y tierras raras, y aumentar el plazo de las concesiones de 20 a 30 años.

Por eso, la norma que deberá ser aprobada en segunda discusión en la Asamblea Nacional busca replicar el modelo de la reciente reforma a la Ley de Hidrocarburos. "En las reuniones escuchamos garantías de que, si las empresas querían acceder a estas zonas, realizar la debida diligencia, considerar reabrir minas, tal vez incluso volver a las minas que operaban hace 15 o 20 años, este gobierno garantizaría su seguridad", declaró Burgum a periodistas antes de finalizar su visita en Caracas.

Lo que se presenta como una política de "recuperación económica" es, en realidad, un proceso de reconfiguración neocolonial del modelo extractivo venezolano, en el que el Estado actúa como intermediario entre las necesidades geopolíticas de Washington y la explotación intensiva del subsuelo nacional.

Donald Trump ha puesto especial énfasis en asegurar el acceso a minerales críticos considerados estratégicos para la economía estadounidense. Estos minerales —entre los que se incluyen tierras raras, oro, bauxita, litio o cobre— son esenciales para industrias clave como la tecnología digital, la industria militar, la transición energética y la fabricación de baterías y dispositivos electrónicos. En los últimos años, Washington ha buscado reducir su dependencia de China en el suministro de estos recursos, impulsando acuerdos con países de África y América Latina.

El propio Burgum señaló durante su visita que Venezuela posee una de las mayores reservas de recursos minerales del hemisferio, incluyendo oro, hierro, diamantes, bauxita y tierras raras. Desde el punto de vista estratégico, el subsuelo venezolano se convierte así en una pieza codiciada dentro de la disputa internacional por los recursos naturales. Aunque en Venezuela aún no se han realizado exploraciones para confirmar reservas de tierras raras, Estados Unidos tiene la certeza de que el país es rico en dichos minerales.

Por ahora, la expansión de la minería en Venezuela tiene un epicentro claro: el Arco Minero del Orinoco. Creado oficialmente en 2016, este gigantesco proyecto abarca más de 111.000 kilómetros cuadrados al sur del río Orinoco, una superficie comparable a países como Cuba o Bulgaria. Este territorio se ha convertido en un espacio marcado por graves problemas sociales y ambientales: devastación de ecosistemas amazónicos, contaminación de ríos por mercurio, explotación laboral en condiciones precarias y desplazamiento de comunidades indígenas, entre otros.

Con la nueva Ley, lejos de resolver estos críticos problemas, se apunta a profundizarlos mediante la expansión del modelo extractivo y la participación de grandes empresas internacionales en el negocio. Se trata de una reconfiguración del mapa extractivo venezolano, en el que capitales estadounidenses, canadienses y europeos podrían disputarse el control de importantes yacimientos.

Si bajo el gobierno de Maduro se venía avanzando en un curso entreguista y privatizador, derivado en un gobierno antiobrero y represor, odiado por amplios sectores de masas, luego del 3 de enero las nuevas imposiciones de Washington y las visitas de altos funcionarios estadounidenses evidencian un viraje hacia un estatus neocolonial que se está imponiendo.

En ese tablero político, el gobierno de Delcy Rodríguez, instalada como presidenta encargada, actúa en total colaboración, acuerdo y sumisión política a Trump y Marco Rubio, en consonancia con las élites empresariales y los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, y al mismo tiempo en beneficio de sus propios intereses y los de diversas fracciones burguesas locales.

Frente a esta ofensiva neocolonial, la defensa de los recursos naturales y de la soberanía nacional solo puede venir de la movilización independiente de los trabajadores y los pueblos, contra el imperialismo y contra los gobiernos que administran sus intereses. La clase trabajadora y el pueblo venezolano deben repudiar tanto la agresión imperialista como a este gobierno servil.

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