Bolívar vio con lucidez que "la vida de un Estado se sustenta en su economía, por ser una de las bases capitales de la vida colectiva". Aportando una perspectiva jurídica orgánica hacia el ámbito minero -eran los recursos descubiertos para su época-, propuso medidas de protección y de soberanía para resguardar la riqueza existente en el subsuelo de Perú y de la Gran Colombia, con el firme propósito de edificar una institucionalidad republicana que custodiase las minas, para ello, dictó seis decretos el último de ellos en 1829. De aquellos lodos, llegamos a estos barros: la misma doctrina se aplicó a los hidrocarburos -con sus vaivenes-, doctrina del dominio sobre recursos de suelo y subsuelo que recogió la Constitución de 1.999 y ratificó entre otros instrumentos legales, la Ley Orgánica de Hidrocarburos del 2001.

Hagamos un ejercicio y recordemos la historia petrolera del país. Desde Gómez, Venezuela estuvo atada al crudo y a las grandes potencias. Concesiones opacas, tratos confidenciales -ley antibloqueo dixit- y negociaciones cuyo tema era, que el petróleo, nuestro petróleo, era un botín internacional.

Una relación asimétrica dónde las compañías extranjeras se disputaban el dominio sobre los recursos del suelo y el propio subsuelo venezolano mientras el Estado, manejado con mano férrea por Gómez, se frotaba las manos para su propio beneficio político y económico y el de su familia.

Con la honrosa excepción de Gumersindo Torres, ministro de Fomento de Gómez entre (1917- 1922 y 1929-1931) quién sentó las bases del nacionalismo petrolero en Venezuela, cuya producción intelectual y administrativa, sentó las bases para la soberanía estatal en materia petrolera y la fiscalización de las empresas extranjeras.

Con el "Reglamento sobre el Carbón, Petróleo y Sustancias Similares" de 1918, separó la legislación de minas de la de hidrocarburos, estableciendo que el petróleo es un bien del Estado y no del dueño del suelo.

Con la Ley de Hidrocarburos de 1920, introdujo conceptos revolucionarios para la época, como la reversión de las concesiones al Estado tras 30 años, el aumento de regalías y la reducción de las extensiones territoriales de las concesiones. El conflicto generado por esta Ley fue el primer gran choque frontal entre el Estado venezolano y las corporaciones petroleras internacionales (principalmente anglo-holandesas y estadounidenses).

¿Qué causó o cuales fueron los detonantes del conflicto?

Las empresas consideraron que la ley de Gumersindo Torres atacaba la rentabilidad de sus negocios mediante cuatro mecanismos claves: 1.- Aumento de la Regalía (Royalty), pues la ley imponía una renta del suelo que oscilaba entre el 10% y el 15% del producto explotado, un salto significativo frente a los beneficios casi nulos de años anteriores; 2.-

reducción de la duración de las concesiones, se limitaba la extensión de las parcelas de exploración y explotación, obligando a las empresas a devolver áreas no trabajadas; 3.- la famosa "Cláusula de Reversión" que estableció que al finalizar el periodo de concesión (fijado en 30 años), todas las instalaciones y equipos pasarían a ser propiedad del Estado sin indemnización alguna y por último, y como punto 4.- la eliminación de exoneraciones, pues Torres denunció y limitó la libre importación de equipos, argumentando que Venezuela perdía más dinero por impuestos de aduana no cobrados, que por la propia venta del crudo.

Las compañías extranjeras, incapaces de aceptar estas regulaciones, ejercieron una presión diplomática y económica agresiva sobre el dictador Juan Vicente Gómez: las empresas paralizaron nuevas solicitudes de concesiones para presionar al gobierno y ante la "amenaza de fuga de capitales" (problema-reacción-solución) Gómez cedió y permitió que representantes legales de las petroleras (incluyendo abogados de las compañías) redactaran una nueva Ley de Hidrocarburos en 1921. Esta nueva versión eliminó los controles de Torres y suavizó las cargas fiscales.

Gumersindo Torres fue removido de su cargo el 24 de junio de 1922. Su salida fue vista como una victoria directa de las multinacionales sobre el incipiente nacionalismo venezolano. Pero quedó claro, con sus decisiones que el Estado podía y debía supervisar técnicamente a las empresas, una idea que finalmente triunfó décadas después con la Ley de 1943 y la posterior nacionalización.

Antes de 1914, la producción petrolera venezolana era prácticamente inexistente. Entre 1914 y 1921, el volumen extraído fue bastante moderado y empírico. Cuando explota el pozo Barroso Nº 2 en diciembre de 1922, la industria entró en una fase de crecimiento acelerado. La producción nacional pasó de menos de 2 millones de barriles anuales en 1921 a más de 100 millones de barriles al año hacia 1929, cuando Venezuela se convirtió en el segundo productor mundial de petróleo, solo superado por Estados Unidos.

Para 1929, Venezuela producía alrededor de 137 millones de barriles anuales, lo que equivalía al 8% de la producción mundial -más o menos-, con una explotación diaria de 370.000 barriles aproximadamente. Entre 1914 y 1935, los cálculos indican que del subsuelo venezolano se extrajeron más de 1.200 millones de barriles de petróleo, casi en su totalidad destinados a la exportación.

En 1920 existían 181 concesiones y para 1921, derogada ya la ley proteccionista de Torres, se pasó a 2.374. Entre 1922 y 1935, Gómez otorgó en promedio 323 concesiones anuales. Nada era suficiente para la voracidad de las compañías petroleras extranjeras. Protestaron, pues querían más tierras, menos impuestos y mayor control por parte de ellos.

Curiosamente, -como quieren vendernos hoy- este crecimiento exponencial no se tradujo proporcionalmente en ingresos para el Estado. En términos fiscales, la renta petrolera fue inicialmente limitada. En 1908, al inicio del régimen, los ingresos totales del Estado rondaban los 50........

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