Este jueves 9 de abril, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la nueva Ley Orgánica de Minas, sancionando una reforma estructural que redefine el modelo extractivo del país. Es la segunda en importancia luego de la aprobación de la Ley de Hidrocarburos, sellando el acta de defunción de la soberanía sobre el subsuelo.

En el Arco Minero de Venezuela están Las Claritas. Fotografía editada en base al original de Meridith Kohut / The New York Times

La norma, presentada como una herramienta para "modernizar" el sector, constituye en realidad un giro estratégico hacia la recolonización minera, bajo el respaldo explícito del gobierno de Estados Unidos y de la administración de Donald Trump. Todo esto como parte de la entrega nacional que viene en un curso acelerado luego del ataque militar imperialista del 3 de enero por parte de Estados Unidos, y la imposición de un régimen neocolonial. La ley fue aprobada por unanimidad, expresando el acuerdo de todos los factores políticos, oficialistas de y la oposición, en el acuerdo con el despojo.

La ley institucionaliza la apertura plena del territorio venezolano al capital transnacional y consolida un modelo extractivista que profundiza el despojo territorial y ambiental venezolano, abriendo de par en par las puertas al saqueo minero por parte del capital extranjero, con Washington como principal beneficiario. Mientras el texto se debatía, el Departamento del Tesoro de EE.UU. ya había emitido licencias específicas para permitir a compañías estadounidenses comerciar con el oro venezolano, excluyendo a rivales como Rusia o China. En otras palabras, estamos ante un despojo orquestado desde Washington.

Con 131 artículos, la normativa modifica radicalmente la relación del Estado con sus recursos del subsuelo, estableciendo un marco de "garantías jurídicas" diseñado a la medida de las corporaciones internacionales. Entre los puntos más escandalosos se encuentran las concesiones a 30 años, prorrogables por dos períodos más de 10 años cada uno (totalizando medio siglo de concesión).

Al igual que en la reforma de la Ley de Hidrocarburos, la Ley aprobada introduce cambios significativos: ampliación de los plazos de concesión minera, flexibilización de las condiciones para la inversión extranjera, posibilidad de recurrir al arbitraje internacional y nuevas garantías jurídicas para las empresas privadas. Se aprobó el mecanismo de mediación y arbitraje para la resolución de conflictos. Esto significa que cualquier disputa entre el Estado venezolano y una corporación extranjera no se resolverá en tribunales nacionales, sino en instancias internacionales controladas por los centros del poder financiero.

El pago de regalías al Estado venezolano fue establecido hasta en 13% sobre la producción bruta del mineral, calculado sobre el valor comercial del producto final. Deja claro que el Ministerio con competencia en minería será el encargado de determinar los "parámetros necesarios" para determinar los pagos que el Estado podrá exigir "en dinero o en especie".

La nueva legislación elimina la ley minera vigente desde 1999 —aprobada mediante decreto presidencial durante el gobierno de Hugo Chávez— que regulaba la exploración, explotación y concesiones mineras bajo un esquema formalmente más controlado por el Estado. También deroga El decreto de control estatal sobre la exploración minera (2015). Aunque el propio gobierno de Maduro, con el impulso del Arco Minero del Orinoco, creado oficialmente en 2016, venía violentando estas mismas leyes, donde se habilitada toda una extensión territorial del tamaño de Cuba, a la explotación indiscriminada y la destrucción ambiental.

La reforma minera fue anunciada poco después de la reunión entre Delcy Rodríguez y Doug Burgum. Este proceso confirma que la nueva legislación forma parte de una estrategia geopolítica más amplia de la administración Trump para asegurar el acceso a minerales estratégicos en América Latina, indispensables para la industria tecnológica, energética y militar estadounidense. Donald Trump ha puesto especial énfasis en asegurar el acceso a minerales críticos considerados estratégicos para la economía estadounidense. Estos minerales —entre los que se incluyen tierras raras, oro, bauxita, litio o cobre— son esenciales para industrias clave como la tecnología digital, la industria militar.

Cuando se hizo público el proyecto de Ley, así como su primera discusión y aprobación en la Asamblea Nacional el pasado 9 de marzo, en La Izquierda Diario ya habíamos publicado un artículo donde la nueva Ley Orgánica de Minas, impulsada por el gobierno de Delcy Rodríguez, abría aún más el sector minero al capital extranjero y al control estadounidense. La iniciativa fue presentada pocos días después de la visita a Caracas del secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, responsable de promover el acceso de empresas estadounidenses a minerales estratégicos en el extranjero.

Denunciamos esta nueva entrega. La nueva Ley de Minas no es una herramienta de desarrollo, es el acta de defunción de la soberanía sobre el subsuelo. Es la privatización de nuestro futuro y la siembra de miseria y destrucción ambiental en nombre de la "prosperidad" que solo beneficia a los de siempre. Frente a esta ofensiva neocolonial, la defensa de los recursos naturales y de la soberanía nacional solo puede venir de la movilización independiente de los trabajadores y los pueblos, contra el imperialismo y contra los gobiernos que administran sus intereses. ¡Basta de entrega! No al saqueo de nuestros bienes comunes.

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