El apuro del interinato de los Rodríguez, en complicidad con las cúpulas corporativas de Fedecámaras y Fedeindustria, y los esquiroles de la CBST, la FBT, la CTV y ASI para imponer la "Ley de Consenso Laboral" antes de que finalice el año tiene razones puramente confiscatorias. Sin embargo, más allá del daño inmediato a las finanzas del trabajador activo, es urgente denunciar con toda la fuerza jurídica y moral el impacto criminal que esta reforma regresiva proyecta hacia el futuro de nuestra nación: la institucionalización de una vejez en condiciones de pobreza extrema y exclusión biológica absoluta.

1. La Destrucción de la Antigüedad y el Exterminio de la Clase Obrera en Guayana

Eliminar la retroactividad de las prestaciones sociales contemplada en el Artículo 122 de la LOTTT no es una simple "flexibilización económica" para atraer inversiones; es despojar al ciudadano de su único fondo de amparo para la vejez. En cualquier sociedad civilizada, el patrimonio acumulado por los años de servicio representa la garantía para sostener un retiro digno.

Al pretender disolver la retroactividad y legalizar la "bonificación" del ingreso —fijando salarios mínimos de hambre y pagando el grueso del ingreso a través de bonos sin incidencia legal—, el régimen y sus socios patronales condenan de forma premeditada a las futuras generaciones de la tercera edad a vivir sin calidad de vida, sin pensiones dignas y bajo un desamparo médico criminal. Mientras las mesas de negociación de Miraflores jamás discuten modelos universales de previsión como el de los países escandinavos o nórdicos (como Suecia o Noruega), ni los mecanismos de capitalización colectiva de otras latitudes (como Chile), la realidad en las industrias básicas es de terror.

Bajo la gestión de Héctor Silva al frente de la CVG, el colapso ha adquirido dimensiones humanitarias: en los últimos cuatro años han fallecido más de 3.200 trabajadores y jubilados de SIDOR debido a enfermedades laborales y por la absoluta falta de atención médica en el Hospital de los Trabajadores de Puerto Ordaz. La prepotencia y el despotismo de Silva, quien actúa con la soberbia de un Zar o con los códigos de un Pran, se ensaña incluso con el dolor familiar. Cuando las viudas acuden a las oficinas de recursos humanos de la empresa a reclamar legítimamente las prestaciones sociales acumuladas por sus esposos caídos, la respuesta de la........

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