El gigantesco y colosal tamaño de la burocracia, corrupción y gasto público en Venezuela
Ante esta dantesca realidad que vivimos, esta problemática podrá hacer colapsar cualquier ingreso petrolero, y causará una recesión transversal en los demás sectores productivos del país. Un estado que mantiene 34 ministerios, con un descomunal gasto público, que hará inviable cualquier esfuerzo que se haga en el sentido económico, fiscal y financiero. Además, hay que agregar el número de viceministros y directores sectoriales. Varía según cada ministerio, pero generalmente oscila entre 3 y 6 viceministerios por cartera, sumando más de 100 viceministros a nivel nacional. Venezuela tiene una población de 30 millones de habitantes. Irónicamente Estados Unidos en el 2025 tenía una Estimación de población 341.784.857 habitantes y tiene 15 departamentos ejecutivos (ministerios o secretarías) que forman parte del gabinete presidencial. Cada uno, excepto el Departamento de Justicia (dirigido por el Fiscal General), está encabezado por un secretario designado por el presidente y confirmado por el Senado, responsable de áreas clave de la administración federal. Resulta llamativo que "Estados Unidos tiene una población diez veces mayor; no obstante, su estructura ministerial es mucho más reducida."
1. El tamaño del Estado y la burocracia
Efectivamente, el organigrama estatal sigue siendo masivo. Actualmente, el gabinete ejecutivo se mantiene con más de 33 ministerios activos. Esta estructura genera un costo operativo inmenso, se absorbe una parte crítica de los ingresos por hidrocarburos y minería, dificultando que ese capital se traduzca en servicios públicos eficientes y mejoras salariales.
2. La corrupción y falta de transparencia
En el índice de la percepción de la corrupción. Venezuela cerró el año pasado como el tercer país más corrupto del mundo, según transparencia internacional, superando solo por Somalia y Sudán del Sur. Asimismo, la falta de rendición de cuentas: se estima que miles de millones de dólares se han desviado a través de empresas estatales y sistemas financieros opacos, lo que ha lo que ha llevado a instituciones como Transparencia Venezuela operar desde el exilio, debido a las restricciones legales impuestas a finales del 2025
3. La crisis de ingresos, trabajadores y jubilados.
La brecha entre el discurso oficial y la realidad del bolsillo es abismal. El salario mínimo se mantiene congelado en 130 bolívares desde marzo del 2022, debido a la devaluación constante. Este monto hoy equivale aproximadamente a 0.29 o 0.30 dólares mensuales, El Estado ha intentado compensar esto con bonificaciones, como el llamado "bono de guerra económica", que puede sumar alrededor de ciento sesenta dólares para algunos trabajadores activos. Pero estos pagos no tienen incidencia en prestaciones ni vacaciones, dejando a los jubilados en una situación de extrema vulnerabilidad.
4. Cambio en el poder ejecutivo.
Es importante notar un cambio reciente en la estructura del poder desde el 5 de enero del 2025. Delcy Rodríguez asumió como presidente encargada de la república tras una designación del TSJ para garantizar la continuidad del Estado. Aunque esto representa un cambio de rostro en la presidencia, la estructura legislativa, judicial, electoral y militar permanece bajo el mismo control centralizado.
5. El rol del Estado, el rol de Estados Unidos y la comunidad internacional
Bajo la administración actual en Estados Unidos, Donald Trump ha regresado a la presidencia en el 2025, se han retomado políticas de mayor presión y sanciones sobre la industria petrolera, buscando forzar el cambio estructural.
La realidad soberana es el derecho internacional. Es extremadamente difícil que un país extranjero crea organismos para controlar el gasto interno de otro, sin un cambio de gobierno o un acuerdo de asistencia internacional, como los programas del fondo monetario FMI y Banco Mundial, los cuales suelen ser rechazados por el sistema actual venezolano. El venezolano ante tantas vicisitudes siente que el sistema está diseñado para autoperpetuarse a costa del bienestar ciudadano.
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