“Figuera dice que sigue conservando el partido comunista. Cuando el Tribunal Supremo dictaminó que el Partido Comunista es el que está en el Polo Patriótico”. Mario Silva

La frase parece simple, casi rutinaria dentro de la lógica política actual. Pero en realidad encierra un problema muchísimo más profundo de lo que aparenta.

Porque aquí el debate ya no gira alrededor de la militancia, de los congresos o de la vida política interna de una organización de izquierda.

Gira alrededor de un dictamen del aparato judicial del Estado burgués. 

Y ahí es donde el problema deja de ser jurídico para convertirse en un problema profundamente político y teórico.

Porque lo que está en discusión no es simplemente “quién tiene la tarjeta”, ni qué grupo posee reconocimiento administrativo, ni cuál sector aparece formalmente inscrito ante las instituciones.

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Reducir el debate a eso es precisamente ocultar el verdadero problema de fondo.

La pregunta real es otra:

¿Quién tiene legitimidad para decidir qué dirección representa a un partido revolucionario?

¿La militancia organizada en sus congresos?

¿Los organismos internos construidos políticamente durante años?

¿O el aparato judicial del Estado?

La frase de Mario Silva revela algo importante porque desplaza el centro de legitimidad política desde la militancia hacia el aparato estatal.

Y ese desplazamiento no es menor.

Porque un partido obrero o comunista no deriva su legitimidad del reconocimiento otorgado por los organismos del Estado, sino de su construcción política interna, de sus organismos, de su militancia y de su relación con la lucha de clases.

Por eso el problema aquí no es simplemente el PCV.

El problema es mucho más amplio.

Lo que aparece en esta discusión es una concepción profundamente estatista de la política, donde el aparato del Estado comienza a colocarse por encima de las organizaciones que históricamente decían representar a la clase trabajadora.

Y eso entra en contradicción directa con toda la tradición clásica del marxismo revolucionario.

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Porque Marx, Engels, Trotsky y Lenin jamás plantearon que la legitimidad de un partido revolucionario proviniera de tribunales, instituciones judiciales o reconocimientos administrativos del Estado.

Al contrario.

Toda la historia del movimiento revolucionario está atravesada por la lucha por la independencia política de las organizaciones obreras frente al aparato estatal.

Precisamente por eso esta discusión importa tanto.

Porque no se trata solamente de una disputa interna dentro del Partido Comunista de Venezuela.

Se trata de una discusión mucho más profunda sobre la relación entre partido, Estado, burocracia y militancia.

Y también sobre cómo determinadas concepciones políticas terminan sustituyendo la legitimidad construida desde abajo por la legitimidad otorgada desde arriba.

Ahí está el verdadero problema.

Y ahí es donde empieza realmente el debate.

PARTIDO Y ESTADO EN EL MARXISMO 

Aquí no estamos ante una cuestión administrativa ni organizativa. Estamos ante una cuestión clásica del marxismo revolucionario: el carácter del Estado y su relación con las organizaciones de clase.

El Estado no es neutral. 

Para el marxismo, el punto de partida es claro y no admite ambigüedades: el Estado no es una instancia neutral por encima de la sociedad.

Carlos Marx lo formula de manera directa al analizar la naturaleza del poder político moderno:

“El poder del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa.”

— Marx y Engels, Manifiesto del Partido Comunista

Esta definición es clave, porque rompe con toda idea de un Estado árbitro imparcial. El Estado no aparece como mediador neutro entre intereses sociales, sino como forma organizada de dominación de una clase sobre otra. Es una superestructura social que deriva de determinadas relaciones de producción, de un determinado modo de producción. 

En El 18 Brumario de Luis Bonaparte, Marx muestra cómo, en determinadas situaciones de crisis y equilibrio inestable entre clases sociales, el aparato estatal puede adquirir una autonomía relativa respecto a las fracciones inmediatas de la burguesía, elevándose aparentemente “por encima” de la sociedad como árbitro del conflicto.

Es lo que posteriormente el marxismo denominaría bonapartismo: una forma de régimen donde el Estado fortalece extraordinariamente su aparato burocrático, administrativo, judicial y militar para gestionar contradicciones sociales que las clases dominantes ya no pueden resolver de manera estable mediante los mecanismos políticos habituales.

Pero esa autonomía nunca es absoluta ni neutral. Incluso cuando el Estado parece separarse momentáneamente de sectores concretos de la clase dominante, sigue preservando en última instancia determinadas relaciones de clase y un orden social específico.

Y esto es importante entenderlo: el bonapartismo no es exclusivo de sociedades capitalistas tradicionales. Puede desarrollarse tanto sobre bases burguesas como sobre la base de economías planificadas y Estados obreros burocratizados.

Trotsky desarrolló precisamente esta idea al analizar el fenómeno del estalinismo en la Unión Soviética, caracterizándolo como una forma de bonapartismo proletario o soviético: un régimen donde la burocracia estatal adquiere enorme autonomía política apoyándose sobre las conquistas económicas de Octubre —la propiedad estatizada y la planificación—, mientras restringe progresivamente la democracia obrera y la participación política de las masas.

Es decir, el fortalecimiento del aparato estatal por encima de la autoorganización política de la clase trabajadora no es un fenómeno accidental ni desconocido para el marxismo. Forma parte de una problemática histórica profundamente estudiada dentro de la tradición revolucionaria.

Es decir, el Estado puede parecer independiente en su superficie institucional, pero en su contenido social sigue siendo una relación de poder de clase.

En La guerra civil en Francia, Marx analiza la experiencia de la Comuna de París y extrae una conclusión fundamental sobre el Estado:

“El Estado no es un instrumento que pueda ser simplemente “ocupado”, sino una estructura que expresa relaciones de dominación y que debe ser transformada radicalmente.”

De ahí deriva una de las tesis centrales del marxismo: la necesidad de la independencia política de la clase trabajadora frente al aparato estatal.

No se trata de gestionar el Estado como si fuera neutral, sino de comprender su carácter de clase y actuar en consecuencia.

Lenin retoma y desarrolla esta línea teórica en El Estado y la Revolución, donde insiste en que el Estado es un instrumento de dominación de clase que no puede ser neutralizado sin más:

“El Estado es producto y manifestación del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase.”

A partir de ahí, Lenin extrae una consecuencia política fundamental: la clase trabajadora necesita sus propias formas de organización independiente, no subordinadas al aparato estatal existente.

Y aquí aparece un punto todavía más profundo, porque ni siquiera Lenin defendía la........

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