Durante más de un siglo, Estados Unidos ha ejercido una influencia política, económica y militar abrumadora en América Latina. Desde las intervenciones de la Guerra Fría hasta la llamada "guerra contra las drogas", Washington ha justificado repetidamente su implicación en la región como una defensa necesaria de la estabilidad y la seguridad.

Sin embargo, bajo la administración de Donald Trump, la política estadounidense hacia América Latina ha entrado en una fase nueva y cada vez más volátil. Una combinación de operaciones militares encubiertas, presión económica y competencia geopolítica ha reavivado un estilo de intervención que muchos en la región creían superado desde el siglo XX.

Lo que Washington presenta como una campaña contra los cárteles del narcotráfico y gobiernos hostiles se asemeja cada vez más a algo más antiguo y controvertido: la reafirmación del dominio estadounidense en el hemisferio occidental.

Las consecuencias ya son visibles. La inestabilidad política en Venezuela se ha profundizado, las redes del crimen organizado se están expandiendo por el continente, las presiones migratorias están aumentando y América Latina vuelve a convertirse en un escenario de competencia entre grandes potencias.

En el centro de la controversia se encuentra un problema fundamental: la falta de transparencia en torno a algunas de las acciones más agresivas de la administración estadounidense en el extranjero.

Una guerra sin transparencia

Pocas operaciones ilustran este problema con tanta claridad como la intervención estadounidense en Venezuela.

A comienzos de 2026, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una operación espectacular que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien fue trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con el narcotráfico. La misión se ejecutó con una rapidez y un secretismo extraordinarios, dejando a muchos gobiernos de la región intentando comprender lo que había ocurrido.

Incluso dentro de Washington, los detalles de la operación siguen siendo limitados. La supervisión del Congreso ha sido mínima, y la administración ha ofrecido solo explicaciones parciales sobre la base legal y los objetivos estratégicos de la misión.

Esta falta de transparencia ha alarmado a numerosos analistas y diplomáticos. América Latina tiene una larga historia de intervenciones estadounidenses realizadas con escasa consulta a los gobiernos de la región. Para muchos observadores, la operación venezolana parece seguir ese mismo patrón.

Estados Unidos ya había incrementado su presencia militar en el Caribe meses antes de que la operación tuviera lugar. Buques de guerra, aviones de vigilancia y unidades de fuerzas especiales fueron desplegados como parte de una campaña contra redes de narcotráfico supuestamente vinculadas al gobierno venezolano.

Los funcionarios describieron la misión como un paso necesario para combatir el tráfico de drogas y el crimen organizado transnacional. Sin embargo, la magnitud del despliegue — la mayor presencia militar estadounidense en la región en décadas — sugería un objetivo estratégico mucho más amplio.

La militarización de la guerra contra las drogas

La operación en Venezuela forma parte de un cambio más amplio en la política estadounidense: la transformación de la guerra contra las drogas en una campaña fundamentalmente militar.

La administración Trump ha presentado cada vez más a los cárteles latinoamericanos no simplemente como organizaciones criminales, sino como entidades terroristas que requieren soluciones militares. Altos funcionarios han afirmado abiertamente que los enfoques tradicionales basados en la aplicación de la ley han fracasado y que el uso de la fuerza armada podría ser necesario para desmantelar las redes del narcotráfico.

En cumbres regionales y reuniones de seguridad, Washington ha instado a los gobiernos latinoamericanos a ampliar la cooperación militar contra el crimen organizado. Algunos funcionarios incluso han sugerido que podrían utilizarse ataques con misiles estadounidenses contra infraestructuras de los cárteles si los socios regionales lo solicitan.

Este tipo de retórica ha alarmado a numerosos gobiernos de la región.

La historia de las campañas antidroga militarizadas ofrece lecciones inquietantes. En México, el despliegue de las fuerzas armadas contra los cárteles a mediados de la década de 2000 desencadenó una explosión de violencia que sigue desestabilizando al país hasta hoy. Las organizaciones criminales se fragmentaron en grupos más pequeños, lo que las hizo más difíciles de controlar y, en muchos casos, más violentas.

Muchos temen que una dinámica similar pueda surgir en el resto de la región.

Los cárteles prosperan en el caos

Irónicamente, las políticas agresivas promovidas por Washington podrían estar creando precisamente las condiciones en las que prospera el crimen organizado.

La desestabilización de Venezuela — que ya sufre desde hace años un colapso económico y una profunda crisis política — ha acelerado la expansión de redes criminales transnacionales. Entre las más conocidas se encuentra Tren de Aragua, una banda que se ha extendido desde las cárceles venezolanas hacia múltiples países de Sudamérica e incluso hacia Estados Unidos.

Estos grupos prosperan en entornos donde la autoridad del Estado es débil.

Cuando las instituciones políticas colapsan y desaparecen las oportunidades económicas, las organizaciones criminales suelen llenar el vacío. Ofrecen ingresos, protección e influencia en lugares donde los gobiernos ya no pueden garantizar la seguridad básica.

Los ataques militares y las medidas de seguridad agresivas rara vez abordan estas realidades subyacentes.

Por el contrario, pueden profundizar la inestabilidad, debilitar instituciones ya frágiles y crear nuevas oportunidades para que los grupos criminales amplíen sus operaciones.

Aumentan las presiones migratorias

Las consecuencias de estas políticas también son visibles en la creciente crisis migratoria que afecta al hemisferio.

América Latina ha experimentado una de las mayores olas de desplazamiento de la historia reciente. Solo Venezuela ha generado más de siete millones de migrantes y refugiados durante la última década, muchos de los cuales se han asentado en países vecinos o han intentado llegar a Estados Unidos.

El colapso económico, la represión política y la inseguridad han impulsado este éxodo. Sin embargo, la presión externa y la inestabilidad regional podrían empeorar aún más la situación.

Cuando las economías se deterioran y los gobiernos se debilitan, la migración aumenta inevitablemente. Las familias buscan seguridad y oportunidades económicas allí donde puedan encontrarlas.

La respuesta de Washington se ha centrado en gran medida en el control fronterizo y las políticas de deportación, en lugar de abordar las causas profundas del desplazamiento. Sin embargo, si la inestabilidad continúa extendiéndose por la región, las presiones migratorias probablemente aumentarán independientemente de las medidas de control.

La ironía es evidente: las políticas diseñadas para reforzar la seguridad estadounidense podrían terminar aumentando los flujos migratorios que pretenden frenar.

Una competencia geopolítica con China

La estrategia de la administración en América Latina también está influida por una rivalidad geopolítica más amplia.

Washington observa con creciente preocupación la expansión económica de China bajo el liderazgo de Xi Jinping. En las últimas dos décadas, Pekín se ha convertido en uno de los socios comerciales más importantes de la región, invirtiendo fuertemente en infraestructura, energía y minería en todo el continente.

El comercio entre China y América Latina supera hoy el medio billón de dólares anuales, mientras que los bancos estatales chinos han concedido más de 150.000 millones de dólares en préstamos a gobiernos de la región.

Para muchos países latinoamericanos, que enfrentan un crecimiento económico lento y una escasez de capital, estas inversiones han resultado especialmente atractivas. La financiación china suele llegar con rapidez y con menos condiciones políticas que los préstamos occidentales.

Sin embargo, Washington considera cada vez más esta expansión como un desafío estratégico.

Los funcionarios estadounidenses han adoptado una serie de medidas destinadas a limitar la influencia china en el hemisferio. El sector tecnológico se ha convertido en un campo de batalla especialmente visible. Estados Unidos ha presionado durante años para que los gobiernos excluyan a la empresa de telecomunicaciones Huawei de sus redes 5G, argumentando que sus vínculos con el Estado chino podrían representar riesgos de seguridad.

En algunos casos, esta presión ha tenido éxito. Países como Costa Rica han restringido la participación de Huawei en sus infraestructuras de telecomunicaciones tras intensas gestiones diplomáticas de Washington.

La infraestructura estratégica también se ha convertido en un punto clave de la competencia. En Perú, la construcción del Port of Chancay, financiado y construido por empresas chinas, ha generado preocupación en Washington por la posibilidad de que instalaciones de este tipo puedan tener usos comerciales y militares.

En otros lugares, diplomáticos estadounidenses han presionado a gobiernos para reconsiderar proyectos vinculados a la Belt and Road Initiative, el ambicioso programa global de inversiones de Pekín.

Los minerales críticos representan un ámbito aún más sensible de competencia.

América Latina posee algunas de las mayores reservas de litio del mundo, un recurso esencial para las baterías de vehículos eléctricos y las tecnologías de energía renovable. Empresas chinas se han movido rápidamente para asegurar el acceso a estos depósitos en toda la región.

En Chile, compañías como Tianqi Lithium han adquirido participaciones en importantes productores de litio. En Bolivia, proyectos vinculados al enorme Salar de Uyuni han despertado un gran interés por parte de empresas chinas que buscan consolidar su posición en las cadenas de suministro globales de baterías.

Para Washington, las implicaciones son claras: el control de minerales críticos podría traducirse en una ventaja estratégica a largo plazo en la economía energética del futuro.

Una región en una encrucijada

Para muchos gobiernos latinoamericanos, la creciente rivalidad entre Washington y Pekín plantea un dilema complejo.

China ofrece inversión, financiación de infraestructuras y un enorme mercado para exportaciones de materias primas como cobre, soja y litio. Estados Unidos, por su parte, sigue siendo la principal potencia militar de la región y uno de sus socios económicos más importantes.

La mayoría de los países preferiría no tener que elegir entre ambos.

En cambio, buscan mantener relaciones pragmáticas con las dos potencias, tratando de diversificar sus vínculos económicos sin renunciar a su autonomía política.

Pero a medida que la competencia geopolítica se intensifica, mantener ese equilibrio resulta cada vez más difícil.

El coste del poder sin control

La historia ofrece advertencias claras sobre los riesgos de la rivalidad entre grandes potencias en América Latina.

A lo largo del siglo XX, la región se convirtió repetidamente en escenario de intervenciones externas y conflictos ideológicos. Estos episodios a menudo generaron inestabilidad, autoritarismo y resentimiento político duradero.

Las circunstancias actuales son diferentes, pero algunos patrones resultan inquietantemente familiares.

Las políticas agresivas de la administración Trump — desde operaciones encubiertas en Venezuela hasta campañas de presión contra inversiones chinas — sugieren una renovada determinación de reafirmar la primacía estadounidense en el hemisferio.

Sin embargo, el poder ejercido sin transparencia ni moderación rara vez produce estabilidad duradera.

La captura de Nicolás Maduro pudo haber representado un momento político espectacular para Washington. Pero las consecuencias más profundas — inestabilidad regional, expansión de redes criminales y una creciente rivalidad geopolítica — podrían resultar mucho más difíciles de gestionar.

América Latina ha pasado décadas intentando superar los ciclos de intervención y confrontación que marcaron gran parte de su historia moderna.

Si las tendencias actuales continúan, la región podría encontrarse nuevamente atrapada en las corrientes cruzadas de la política de poder global, una posición que rara vez ha servido a sus intereses.

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