La viabilidad de las políticas públicas suele evaluarse bajo el prisma de la disponibilidad presupuestaria inmediata. Sin embargo, existen ajustes que, contienen la semilla de su propio desarrollo: su puesta en marcha genera un crecimiento que termina produciendo los recursos que la sostienen, pero, además, actúan como mecanismos de transmisión que impulsan la actividad comercial, el flujo monetario y el crecimiento Económico. Hoy, el clamor por mejores salarios en Venezuela es un himno nacional, pero con detractores que cuestionan su viabilidad.

DE LAS PREGUNTAS A LAS CERTEZAS: la respuesta que exige el debate salarial

Hace algunas semanas, publiqué un artículo titulado "Entre la retórica y la verdad: ¿Incremento de salario es la medida económica más importante de Venezuela?" (Aporrea, 25/02/2026). En él, se sostiene una tesis que considero ineludible: en un país donde más del 80% de los hogares vive bajo el umbral de la pobreza y el consumo se contrajo a niveles históricos, aplicar medidas económicas expansivas y elevar el poder adquisitivo de las mayorías es la vía para transformar la parálisis en demanda, inversión y crecimiento sostenido. Plantea, además, que un ajuste inicial de salario mínimo a todos los trabajadores públicos de 100 dólares mensuales ADICIONALES A LOS BONOS es viable.

Muchos de los lectores solicitaron los números finos. ¿Cuánto cuesta realmente la medida si incluimos a todos los que deben ser incluidos? ¿Cómo se articula ese costo con los ingresos reales que ya están entrando? ¿Cuál es el flujo exacto del dinero y cómo nos aseguramos de que no termine devorado por la inflación?

Este artículo da respuestas a esas preguntas. Vamos a hacer los números completos, para demostrar que la propuesta no solo es la medida económica más importante en la actualidad, sino que es financieramente sólida. 

El COSTO REAL: La Deuda con los que Construyeron el País

Todo aumento salarial en el sector público venezolano debe considerar por Ley no solo a los trabajadores activos, sino también a quienes dedicaron su vida al Estado y hoy dependen de una pensión o jubilación. En Venezuela, hablamos de 2.2 millones de trabajadores activos, cuyos ingresos incluyen aguinaldos (120 días), bono vacacional (60 días), prestaciones sociales (60 días) y el impacto en las tablas salariales. Pero, además, debemos incluir a 5 millones de personas que ya no están en nómina activa: aproximadamente 4 millones de pensionados por vejez y 1 millón de jubilados, estos últimos con derecho a beneficios adicionales como bono recreacional (30 días) y aguinaldos (90 días). Cualquier propuesta de ajuste del salario mínimo debe partir de esta realidad. En el siguiente segmento veremos cómo, mediante un diseño estructurado es posible atender este compromiso sin comprometer la estabilidad fiscal. 

"El CÓMO: la renta extraordinaria y el retorno fiscal, las Claves del Éxito".

La viabilidad de los $100 se sostiene sobre tres pilares: la renta extraordinaria, el retorno fiscal dinámico y el método para aplicarlo. Hemos estimado que 5.000 millones de dólares anuales adicionales estarán ingresando por la flexibilización de sanciones y el aumento de la producción petrolera. Esa sigue siendo parte del financiamiento y no incluye los ingresos extraordinarios por incremento del petróleo producto de la guerra en Irán.

Pero hay más. Cuando esos 5.000 millones y los recursos fiscales destinados al aumento salarial se inyectan en la economía, se convierten en compras, en pago al electricista, en ropa y calzado. Esa dinámica, se llama multiplicador del consumo, que genera un retorno fiscal directo vía IVA y contribuciones parafiscales. Cálculos más afinados, que he desarrollado para esta entrega, estiman ese retorno en 1.796 millones de dólares anuales solo en el primer año.

Sumemos: 5.000 millones (petróleo) + 1.796 millones (retorno fiscal) = 6.796 millones de dólares.

La propuesta de ajuste se aplica según nuestras estimaciones: Primero, GRADUALMENTE. Al otorgar el ajuste de salario mínimo en dos tramos semestrales de 50 dólares cada uno, lo que reduce la presión financiera inmediata y permite que la oferta productiva se ajuste a la nueva demanda. Para los 2,2 millones de trabajadores activos, esta inversión representa 5.984 millones en el primer año, considerando aguinaldos, vacaciones, prestaciones sociales y las tablas salariales. Para los 5 millones de pensionados y jubilados, el diseño propuesto combina recursos frescos y pase de bonos a salario: en el primer semestre se incorporan 30 dólares adicionales y 20 dólares del bono pasan a salario, y en el segundo semestre 20 dólares adicionales y 30 dólares más pasan de bono a salario, alcanzando 50 dólares adicionales y el pase de 50 dólares de bonos al final del año. A esto se suman los beneficios de ley para el millón de jubilados (90 días de aguinaldo y 30 días de bono recreacional), lo que arroja un costo total para este sector de 2.560 millones de dólares anuales. Así, el total necesario de inversión lo podemos estimar es 8.544 millones. De los 8.544 millones que necesitamos bajo el esquema gradual ya tenemos cubiertos 6.796. La brecha restante es de 1.748 millones de dólares

Segundo, el efecto multiplicador. Los 8.554 millones desembolsados para los trabajadores activos y jubilados. Se convierten en ingreso para otros. Aplicando un multiplicador de consumo esta inyección genera 13.750 millones de dólares de actividad económica nueva en sectores no petroleros (comercio, servicios, pequeña manufactura). Esa actividad nueva, a su vez, formaliza la economía, amplía la base tributaria y genera decenas de miles de empleos. Este crecimiento adicional produce un retorno fiscal extra vía ISLR de nuevas empresas, impuesto a las transacciones financieras, tributos municipales y formalización progresiva, que en conjunto suman alrededor de 709 millones de dólares adicionales a los 1.796 ya contabilizados.

De esta manera, la brecha inicial de 1.748 millones se cubre con:

• 709 millones provenientes de las fuentes fiscales adicionales generadas por el propio crecimiento.

• 1.039 millones que corresponden al desfase natural entre el momento en que se genera la actividad económica y el momento en que se consolida la recaudación, un diferimiento perfectamente manejable dentro del ejercicio fiscal. 

La propuesta de ejecutar de manera gradual el ajuste, entonces, no es solo una medida de prudencia: sino que sincroniza el despertar de la demanda con la capacidad de respuesta de la oferta, evitando el choque inflacionario por incrementos de precios de los productos. Y el multiplicador es el mecanismo que transforma el gasto público en inversión productiva, generando los recursos que retroalimentan la sostenibilidad de la medida. La combinación de ambos permite afirmar que el aumento salarial contiene la semilla de su propio financiamiento con perspectiva de continuar con más ajuste salariales en el futuro cercano.

Conclusiones: De la Urgencia a la Certeza: Un Camino Posible

Al inyectar recursos en la base de la pirámide social, el Estado no está "perdiendo" dinero; está sembrando consumo que retorna convertido en impuestos. Una inversión neta que dinamiza $13,750 millones de actividad económica no petrolera es el mejor negocio que el país puede hacer. El retorno fiscal directo e indirecto cubre la brecha, transformando lo que algunos llaman "gasto público" en un capital semilla para la formalización del comercio y la industria nacional.

La propuesta de escalonar el ajuste ($50 + $50) en el primer año, es la respuesta técnica al trauma inflacionario de la década pasada. Esta "sincronización" garantiza que el aumento se traduzca en bienestar real y no en un simple incremento de precios en los anaqueles. El salario de $100 nace blindado por la prudencia.

Incluir a los 5 millones de pensionados y jubilados en este esquema no es solo un imperativo moral, es una necesidad económica. Estos sectores tienen una Propensión Marginal al Consumo (PMC) cercana al 100%, lo que garantiza que cada dólar entregado a un abuelo o a un jubilado se convierta inmediatamente en demanda de alimentos, medicinas y servicios locales. 

Tras el rigor de los números y la frialdad de las proyecciones, el análisis nos conduce a una certeza ineludible: la economía venezolana padece una parálisis de circulación. El ajuste de $100 no es un acto de fe, sino un hecho posible, que implementado, garantiza justicia social y desarrollo Económico general.

© Aporrea