A lo largo de los últimos siete años, Venezuela ha sido testigo de cómo empresas transnacionales del petróleo van y vienen por nuestras fronteras en repetidas ocasiones, movidas por el péndulo de las sanciones impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos y sus periodos de flexibilización. Tras los bombardeos a la capital de Venezuela y la remoción forzada del presidente el pasado 3 de enero, la administración Trump proyectó un horizonte de inversiones millonarias y una transformación radical de la producción. Sin embargo, entre lo anunciado y la realidad algo parece velado que tal vez se resuma en el refrán popular: "Tanto nadar para morir en la orilla", y es que en economía la realidad prevalece por encima de las formas o las apariencias.

El ÉXODO: HISTORIA DE LAS SANCIONES DE 2019

La fractura estructural de la industria comenzó formalmente el 28 de enero de 2019, cuando el Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones directas contra PDVSA. Este evento forzó un retiro masivo y una parálisis sin precedentes. Transnacionales como TotalEnergies (Francia) y Equinor (Noruega) abandonaron físicamente sus participaciones en la Faja del Orinoco, mientras que las "Cuatro grandes" del servicio (Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford) cesaron la perforación.

En este mismo periodo, empresas como Chevron, Eni, Repsol y Maurel & Prom sufrieron una afectación de "hibernación técnica": aunque no abandonaron el país, se les prohibió invertir, perforar nuevos pozos o exportar crudo libremente, limitándose únicamente al mantenimiento básico de activos para evitar su pérdida total. El mercado se cerró cuando Reliance Industries (India) y las refinerías estadounidenses detuvieron sus compras, dejando a la producción en una caída libre por falta de flujo de caja y tecnología.

EL RETORNO PRAGMÁTICO Y LA REPETICIÓN DEL CICLO

Entre 2022 y 2024, la geopolítica global impulsada por la necesidad de EE. UU. de estabilizar el mercado tras la invasión rusa a Ucrania forzó una flexibilización de las sanciones. Chevron retorno con la Licencia 41, seguida por esquemas de "petróleo por deuda" para Eni y Repsol, y la reactivación de Maurel & Prom en el Zulia.

No obstante, la estabilidad duró poco. Con el regreso de Trump en 2025, la radicalización política provocó que en marzo de ese año se revocaran nuevamente las licencias. Empresas como Maurel & Prom tuvieron que detener proyectos de recuperación de 20 pozos, y Chevron se vio obligada a paralizar sus taladros de perforación apenas meses después de haberlos encendido, regresando al estado de mantenimiento mínimo.

LOS ANUNCIOS DE TRUMP: "TANTO NADAR PARA VOLVER A LA ORILLA"

En este 2026, los recientes anuncios de la administración estadounidense señalan un "resurgir" petrolero en Venezuela. Bajo las nuevas licencias de febrero, se anuncia inversión por miles de millones y la llegada de un aluvión de empresas, pero al indagar la realidad es contundente: las empresas son las mismas que se vieron obligadas a retirarse o paralizarse en 2019 y 2025. El incremento de producción anunciado hoy concuerda con los proyectos que ya estaban en carpeta el año pasado:

* Chevron: Retoma el objetivo de añadir 70,000 bpd en Petropiar y Petroboscán.

* Repsol y Eni: Buscan reactivar el incremento de 40,000 bpd combinados mediante la optimización de campos maduros.

* Maurel & Prom: Reinicia el plan para elevar en 12,000 bpd la producción en el Lago de Maracaibo.

Al final, bajo un análisis objetivo, no hay actores nuevos de peso; es la misma infraestructura y los mismos socios intentando recuperar el tiempo perdido por decisiones políticas que van y vienen.

EL COSTO HUMANO Y ECONÓMICO DEL PÉNDULO

El saldo de este vaivén ha sido negativo. Las sanciones costaron a Venezuela cientos de miles de barriles diarios de producción perdida y miles de millones en ingresos que nunca llegaron. PDVSA debió aceptar descuentos de hasta el 40% para colocar crudo en mercados lejanos, pagando además fletes exorbitantes. Este péndulo de prohibir producir y comercializar asfixió la economía, diezmo el poder adquisitivo de los trabajadores y aceleró el deterioró de los servicios públicos. La población venezolana pago el precio de una estrategia que utilizó el petróleo con fines políticos con efectos desastrosos sobre la economía.

CONCLUSIONES: LA ÚLTIMA PALABRA DEL MERCADO

Los datos y analisis son concluyentes. Las "nuevas" empresas son en su mayoría las mismas que se vieron obligadas a retirarse o paralizarse en 2019 y 2025 y el incremento de producción anunciado es en mayor medida los proyectos que ya estaban aprobados el año 2025. Hoy la realidad prevalece por encima de las formas y las apariencias. Los anuncios de 2026 no fue una "transformación", sino el intento de reescribir la historia.

Entre tanto, en este complejo tablero geopolítico, serán las reglas económicas quienes muevan fichas. Los políticos puede anunciar volumenes e inversiones, pero será la necesidad del mercado y su equilibrio el qué tenga la última palabra.

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