El anuncio realizado por la Cámara de Comercio de Sur América (Camesura) sobre un próximo encuentro bilateral entre empresarios estadounidenses y venezolanos del sector inmobiliario ha generado expectativas, pero también legítimas sospechas. La iniciativa busca evaluar proyectos para culminar e impulsar soluciones habitacionales tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio. Ante la magnitud del desastre, la exigencia de una respuesta práctica y efectiva para miles de familias que lo perdieron todo es incuestionable. Sin embargo, no basta con promesas de "optimización de recursos" o "alianzas privadas": es un derecho ciudadano saber cómo se ejecutarán esos planes, con qué fondos y bajo qué esquemas de entrega.

Si algo ha dejado al descubierto esta tragedia, además del dolor insondable y la pérdida irreparable de vidas humanas, ha sido la corrupción inmobiliaria arraigada tanto en el sector público como en el privado. El sismo fue un fenómeno natural ineludible, pero la escala de la catástrofe y el colapso estructural de tantas edificaciones son la consecuencia directa de negligencias y delitos con nombres y apellidos.

Por el lado del sector público, la falta de fiscalización y el deterioro de la permisología municipal son evidentes. Reportes periodísticos y denuncias gremiales confirman la existencia de redes de gestoría en las ingenierías municipales que otorgaron permisos de habitabilidad sin inspecciones técnicas reales. A esto se suma el incumplimiento........

© Aporrea