La democracia es soberana o no es

Tutelaje Colonial y el Destino de Venezuela

“La soberanía del pueblo es la única autoridad legítima de las naciones”. Simón Bolívar [1]

Quienes, por desesperación, ingenuidad, fanatismo o desapego a la patria, subestimaron el peligro de promover la injerencia permanente de los EEUU en nuestra política interna, cargan hoy con una responsabilidad histórica ineludible. Al promover o validar, por acción u omisión, la intervención ejecutada el pasado 3 de enero (3E) por el Comando Sur, estos sectores facilitaron la hipoteca de la soberanía nacional a ese país, con consecuencias para la Nación que apenas se comienzan a dimensionar.

Con el paso de los días, el panorama se ha venido clarificando. Resulta evidente que el propósito de esta agresión militar inédita nunca fue “apoyar al pueblo venezolano” en su lucha por restituir la democrática. Esa narrativa fue apenas una pueril coartada para allanar la soberanía y tomar como “rehén” al gobierno de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. El objetivo real es convertir a Venezuela en una colonia del siglo XXI y en la vitrina principal de la aplicación por EEUU de la renovada Doctrina Monroe en América Latina y el Caribe.

A diferencia de la invasión yanqui a Panamá, esta intervención no ha requerido, hasta ahora, el despliegue masivo de tropas en el terreno para sostenerse. La razón es política: la vicepresidenta ejecutiva asumió la jefatura del Estado tras la “ausencia temporal” de Nicolás Maduro, de conformidad con lo establecido en la Constitución y previa aprobación por la Asamblea Nacional. Sin embargo, la realidad fáctica es cruda: dicho poder está subordinado al gobierno estadounidense, que ejerce el dominio real del territorio a través de su fuerza interventora. No es posible construir una respuesta política racional sin reconocer primero esta humillante realidad.

Un salto atrás de dos siglos

Desde el 3E, la Nación entera, y no solo el gobierno, está sometida a los designios de Washington. Es un retroceso histórico que nos sitúa nuevamente en los prolegómenos de la gesta independentista de 1810. En la práctica, esto se traduce en la permanencia del PSUV en el poder (sin Maduro), pero bajo el compás que marca la Casa Blanca y su “Comisión Interventora”. Este ente, integrado por figuras como Marco Rubio, Pete Hegseth y Chris Wright, tiene la misión de ejecutar un plan de colonización en tres etapas: estabilización, reconstrucción y transición, cuya duración será indefinida y sujeta a su propia dinámica.

La agenda de esta Comisión es clara: crear una seguridad y una política exterior subordinada a Washington bajo el paraguas de la Doctrina Monroe, y el alineamiento con los intereses económicos y geoestratégicos de EEUU. Esto incluye la dolarización forzosa, el control del comercio y la extracción privilegiada a precios viles de recursos estratégicos como petróleo, oro y tierras raras.

Mientras tanto, los factores políticos internos, tanto del gobierno como diversos sectores de la oposición, manejan agendas que ignoran e invisibilizan la magnitud del cambio provocado por la irrupción del factor “Trump” en el escenario político nacional. Se enfocan solo en la “transición a la Democracia” o en la “reconciliación” un asunto fundamenta; y urgente, pero omiten o invisibilizan el tema crucial de la soberanía. El plan estadounidense apunta a consolidar un dominio geopolítico basado en los siguientes pilares:

1. Estabilización y control del territorio

El objetivo es prevenir y contener cualquier rechazo de la población autóctona. Para ello, EEUU ya ejerce un dominio marítimo a través de la IV Flota en el Caribe, con capacidades de guerra electrónica y control aeroespacial. Internamente, se ha institucionalizado la presencia de la CIA y el FBI, se avanza en erradicar la influencia de adversarios como China, Rusia o Irán. Asimismo, se busca reconvertir a la FANB para se ponga en sintonía con la doctrina de “seguridad nacional” de EEUU y se articule con los planes del Pentágono. Un componente alarmante de este despliegue es la promoción de seguridad privada (mercenarios) para custodiar campos petroleros y el Arco Minero, que actuarán de forma autónoma respecto al Estado venezolano.

2. La “Nueva Normalidad”

Se busca imponer una narrativa que naturalice la ocupación como un “mal necesario” o una bendición” providencial para ‘recuperar la economía y la calidad de vida”. Trump proyecta la imagen de un “hermano mayor” que administrará nuestros recursos para “erradicar la corrupción” utilizando la ayuda humanitaria como herramienta demagógica. El anuncio de un Call Center de la embajada estadounidense para atender emergencias locales es un ejemplo de esta usurpación de funciones, un acto ilegal que ignora la institucionalidad venezolana y envía el mensaje de que EEUU es quien gobierna el territorio.

EEUU maneja ahora las exportaciones y la venta de crudo, administrando directamente, de acuerdo a sus prioridades, los ingresos para financiar su propio plan de intervención en Venezuela. A través de las licencias de la OFAC, se ha vaciado de contenido a PDVSA, dejándole únicamente la gestión del mercado interno sin recursos para reinversión. Es una estructura de gestión instrumentalizada donde el Estado pierde toda autonomía financiera. En el caso de la minería se está aplicando el mismo modelo, de hecho, las licencias de explotación minera son otorgadas por la OFAC antes de ser formalizadas por el gobierno.

4. El costo humano y ambiental del tutelaje

Esta relación de subordinación no solo despoja a la Nación de su autonomía política, sino que hiere profundamente su base material y social. Bajo el mando directo de intereses transnacionales, el modelo extractivista se radicaliza, acelerando la depredación de nuestros sistemas ambientales. El Arco Minero del Orinoco y las cuencas petroleras corren el riesgo de convertirse en “zonas de sacrificio” ecológico, donde la explotación intensiva se ejecuta sin controles soberanos, priorizando la rentabilidad corporativa sobre la biodiversidad y las fuentes de agua.

En lo socio productivo, este esquema condena a Venezuela a una economía de enclave. El desarrollo industrial nacional queda desplazado por una dependencia absoluta de las importaciones y del capital externo, lo que anula cualquier posibilidad de un plan de desarrollo autónomo. Para el ciudadano común, esto se traduce en una vida precarizada: servicios públicos bajo la lógica de la privatización compulsiva, pérdida de derechos laborales y un costo de vida dolarizado que no se compadece con la realidad de las mayorías. El tutelaje, en última instancia, no busca el bienestar social, sino la eficiencia en la extracción de riqueza, dejando a la población a merced de una gestión que la considera mano de obra barata en su propio suelo.

El escenario actual es el de un Estado que ha perdido su autodeterminación. Aunque Delcy Rodríguez fue juramentada por la Asamblea Nacional, su habilitación real provino del aval de Washington, condicionada a cumplir sus exigencias bajo amenaza de desalojo. Estamos frente a un gobierno tutelado por la fuerza y con un margen de acción casi nulo. Esta dura realidad no puede ser invisibilizada por el deseo de una “normalización” democrática. Sin un Estado independiente y soberano, la democracia es un simulacro, pues la soberanía popular queda anulada por un poder externo.

Conclusión: Una sola lucha

La tarea no es solo restituir la Constitución y la democracia, sino también rescatar la soberanía nacional. El proceso de transición hacia elecciones libres debe converger, obligatoriamente, con un movimiento nacional de resistencia a la dominación colonial. Si la democracia no es dueña de su propia casa, simplemente no es democracia.

[1] Simón Bolivar en su discurso de presentación del proyecto para la Constitución de Bolivia, 25/mayo/1.826

https://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/Bolivar,%20Simon%20-%20dicurso%20sobre%20proyecto.pdf

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