La aparente estabilidad política que se respira en Venezuela tras los sucesos del 3 de enero no es producto del azar, sino la consecuencia lógica de un diseño de intereses donde la democracia ha dejado de ser una prioridad para convertirse en un estorbo. Lo que hoy presenciamos es la institucionalización de un "mientras tanto" donde la administración de expectativas se ha vuelto el arma principal de factores internos y externos que sobreviven sin el apoyo de las grandes mayorías.

En este tablero, el pernicioso papel de los Estados Unidos ha mutado de la falsa promoción de valores democráticos a la gestión de un tutelaje extractivo que se siente cómodo con la fragilidad institucional del país. Para Washington, un gobierno legítimo, nacido de una voluntad popular arrolladora y liderado por un liderazgo emergente, representa un riesgo de soberanía que no están dispuestos a financiar. Un Estado con plena legitimidad tendría la fuerza moral y política para renegociar contratos, exigir precios justos y defender los recursos nacionales bajo la lógica de una nación libre y soberana, no de supervivencia.

Por el contrario, el actual esquema de poder, debilitado y urgido de reconocimiento internacional, ofrece el escenario ideal para el extractivismo de bajo costo. Un gobierno frágil es, por definición, un gobierno maleable. Mientras el flujo de petróleo alcance los 1,1 millones de barriles diarios y el gas y el oro sigan fluyendo hacia los centros de poder global, la urgencia por un cronograma electoral desaparece de la agenda política. La legitimidad es cara para quien solo busca petróleo barato; el tutelaje es el descuento que las potencias le aplican a nuestra soberanía

Este tutelaje garantiza el suministro barato a cambio de una estabilidad cosmética que ignora deliberadamente la tragedia del bolsillo ciudadano. La canasta alimentaria por encima de los $645 y la creciente movilización popular con la ebullición de los gremios exigiendo salarios y pensiones dignas son ruidos de fondo que cualquier élite gobernante y los inversionistas prefieren silenciar con promesas de una estabilización institucional que solo existe en las burbujas financieras y en el mercado del USDT.

La administración del miedo ha sido reemplazada por la administración de las necesidades urgentes. Quienes hoy detentan el control operativo y mantienen la lealtad transaccional de las Fuerzas Armadas saben que cualquier convocatoria a elecciones generales no sería un ejercicio de alternabilidad, sino un juicio sumario contra aquellos que despilfarraron la riqueza del país desde el gobierno y la oposición. Por ello, la incertidumbre electoral es una herramienta de control con la cual se pospone la legitimación porque la legitimidad es cara y el país, bajo el actual tutelaje, está en una entrega progresiva.

El rumbo del país no lo define hoy el voto, sino la capacidad de esta estructura híbrida para transformar la renta petrolera en contención social, mientras el ciudadano común comienza a entender que su hambre no es un problema económico, sino el resultado de un pacto de conveniencia donde su opinión ha dejado de ser necesaria. Al final del día, el dilema es simple pero cruel porque la legitimidad requiere soberanía, y el tutelaje solo exige obediencia y recursos baratos.

En última instancia, el tutelaje posterga deliberadamente las elecciones porque la legitimidad es el paso fundamental y no negociable para la defensa de la democracia. Solo a través de un proceso de legitimación real se puede construir la pluralidad necesaria que sirva de base a un Gran Consenso Social y Político.

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