Cada vez que una potencia extranjera interviene de forma directa en los asuntos de un país, surge la tentación de fechar ahí el origen de la subordinación. Es lo que ocurre con Venezuela tras el ataque militar estadounidense del 3 de enero de 2026, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa y continuó con la posterior reapertura de relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington. Para algunos, ese episodio, que ciertamente marca un cambio en la situación en general, confirmaría al mismo tiempo que Venezuela se ha convertido, "ahora sí", en una "factoría": un territorio reducido a extraer materia prima para el beneficio de actores externos, sin capacidad real de decidir sobre su propio destino económico.

Esa lectura, sin embargo, comete un error de origen. No porque la idea de subordinación sea falsa, sino porque ubica mal su punto de partida. Si por ejemplo, la categoría "factoría" tuviera sentido aplicarla a Venezuela, debería poder rastrearse desde mucho antes del 3 de enero y, de hecho, desde mucho antes de 2020. La pregunta correcta no es si Venezuela es hoy una factoría, que aclararemos más adelante, sino desde cuándo el Estado venezolano viene cediendo, pieza por pieza, los instrumentos de su propia soberanía económica, política, social y territorial, y quién ha sido el beneficiario de esa cesión en cada etapa.

Una historia de injerencia que no empieza con el chavismo

Venezuela nunca ha sido ajena a la injerencia extranjera en la fabricación de sus propias leyes petroleras. Cuando se nacionalizó la industria en 1975, el proceso no fue una ruptura unilateral del Estado venezolano contra las transnacionales, sino el resultado de una negociación en la que compañías como Shell obtuvieron condiciones de transición, indemnizaciones y esquemas de asistencia técnica que garantizaron su presencia continuada en el país, pero bajo otra forma jurídica. La nacionalización fue real, pero no eliminó la influencia de las petroleras ni del imperialismo yanki sobre el diseño regulatorio venezolano: la reconfiguró (Ver Enlace).

Ese patrón se repite después, con la Apertura Petrolera en tiempos de Rafael Caldera en los años noventa del siglo pasado, cuando el país volvió a "abrir" el negocio al capital extranjero, bajo la excusa de la caída de la renta petrolera.

Lo que distingue a este largo historial de hechos antes de 2026 no es la presencia de la injerencia extranjera, que ha sido constante, sino el método. Hasta enero de este año, esa injerencia se había ejercido siempre por vías económicas, diplomáticas o de presión contractual, nunca mediante una acción militar y/o política directa que culminara con la captura de un dictador que usurpaba el cargo de Presidente.

El chavismo no rompió ese patrón: lo continuó y extremó

Aquí está el punto que la tesis de que el país se ha convertido en una "factoría", pasa por alto: el chavismo no inauguró la sumisión de la política petrolera venezolana a intereses externos. La cambió de bando y la profundizó por la vía de la necesidad y el saqueo continuado, bajo una mascarada de populismo y falso socialismo, no por la vía de la fuerza militar externa. Pero es fundamental determinar la dimensión de tal sumisión. Esto reconfigura sin duda la lucha política por venir.

Entre 2001 y 2006 Hugo Chávez logró imponer un marco aparentemente un tanto más favorable al Estado venezolano, con la regla de mayoría accionaria estatal (51% o más) en las empresas mixtas. Ese fue, probablemente, el punto de mayor soberanía formal sobre el recurso petrolero en la historia reciente, aunque al mismo tiempo le otorgó el beneficio de igualdad a la inversión extranjera frente a la inversión nacional en el mismo texto constitucional (art. 112), lo que encarnaba una contradicción directa sobre la Soberanía Económica y la protección de la inversión nacional.

Pero ese modelo dependía de un supuesto que no se sostuvo: que el Estado venezolano podría financiar, gestionar y comercializar el petróleo con relativa autonomía. La caída sostenida de la producción, que pasó de 3,1 millones de barriles diarios en 1998 a apenas 1,1 millones en 2025, no fue causada por sanciones únicamente; las propias fuentes oficialistas reconocen que se debió también a desinversión, mala gestión administrativa, corrupción y alta partidización o corporativización política de la industria.

Fue esa debilidad interna, creada desde adentro y por no una imposición externa inicial ni por fuerza, la que abrió la puerta a una nueva forma de injerencia: ya no la estadounidense de mediados del siglo veinte, sino la china y la rusa del nuevo siglo. Y ahí aparece uno de los episodios más claros de cesión de soberanía, precisamente bajo gobierno chavista: la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales (ZEE).

El caso chino: soberanía cedida sin necesidad de un solo disparo

El origen de esa legislación se remonta a 2014, cuando un decreto con rango de ley estableció las primeras ZEE. En........

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