Cuando Antonio José de Sucre emprendió el último tramo de su viaje hacia Quito la mañana del 4 de junio de 1830, ignoraba que atravesaba uno de los caminos más peligrosos de la América republicana. Horas después, el vencedor de Ayacucho yacía muerto en las montañas de Berruecos, víctima de una conspiración que durante casi dos siglos ha desafiado a jueces, historiadores y gobiernos.

Tenía apenas 35 años, pero su nombre ya pertenecía a la historia continental. Había sido vencedor en Ayacucho, presidente de Bolivia, libertador de Quito y uno de los generales más admirados por Simón Bolívar.

En aquellos días, sin embargo, la gloria militar no bastaba para proteger a nadie. La república creada por Bolívar se deshacía entre rivalidades regionales, ambiciones de caudillos y disputas por el poder. Sucre viajaba por un territorio peligroso, en una hora política todavía más peligrosa.

El camino de Berruecos, en el sur de la actual Colombia, era un paso abrupto, húmedo y propicio para una emboscada. Allí, entre montañas y vegetación espesa, los asesinos aguardaron el paso del Gran Mariscal. Los disparos fueron rápidos y definitivos. Sucre cayó mortalmente herido en una escena que estremeció a la América recién independizada.

La noticia llegó como una puñalada a los últimos defensores del proyecto bolivariano. Bolívar, ya enfermo y golpeado por la desintegración de su obra política, habría pronunciado una frase que quedó asociada para siempre al dolor de aquella pérdida: “Han matado al Abel de Colombia”.

La muerte de Sucre no fue interpretada como un hecho aislado. Desde los primeros momentos se sospechó que detrás de los hombres que dispararon existía una trama de mayor alcance.

El Mariscal era demasiado importante para morir como víctima casual de bandoleros. Su prestigio político y militar lo convertía en una figura capaz de alterar el equilibrio de poder en Quito, en Nueva Granada y en todo el antiguo territorio grancolombiano.

Para unos, Sucre representaba la continuidad moral del proyecto de Bolívar; para otros, podía convertirse en un obstáculo frente a las nuevas repúblicas que nacían entre rupturas, pactos y traiciones.

Las primeras averiguaciones señalaron a un grupo de ejecutores materiales cuyos nombres se repetirían durante años en los expedientes judiciales: Apolinar Morillo, José Erazo, Juan Gregorio Sarria, Andrés Rodríguez, Juan Gregorio Rodríguez y Juan Cuzco, mencionado también en algunas versiones como Juan Cruz.

Morillo apareció como el hombre de mayor peso operativo en la emboscada; Erazo, como pieza clave para entender las reuniones y preparativos; Sarria, como colaborador cercano a los círculos de poder regional; y los Rodríguez y Cuzco como participantes directos en la ejecución del atentado. La investigación, sin embargo, apenas comenzaba.

El asesinato ocurrió en un momento de enorme fragilidad institucional. La Gran Colombia estaba en proceso de desintegración y los poderes regionales pesaban más que los tribunales. Rafael Urdaneta, entonces figura central del poder en Bogotá, ordenó abrir juicio contra los sospechosos, pero el expediente pronto quedó atrapado en el caos político.

La ruptura de la........

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