Venezuela necesita diálogo. Pero, sobre todo, necesita resultados.

Después de años de confrontación política, destrucción institucional y pérdida progresiva de las garantías democráticas, cualquier iniciativa que pretenda abrir el camino hacia la reinstitucionalización del país debe ser recibida con responsabilidad. Dialogar es preferible a confrontar. Negociar es preferible a prolongar una crisis sin salida.

Pero precisamente porque lo que está en juego es demasiado importante, también es necesario hacer preguntas.

La primera tiene que ver con la transparencia.

La primera reunión presencial entre representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015 y representantes del actual Parlamento se realizó en La Carlota sin acceso de los medios de comunicación. Al día siguiente, el encuentro continuó en el Hotel Meliá Caracas bajo un esquema igualmente restringido.

Es comprensible que determinadas conversaciones políticas requieran espacios privados. Ninguna negociación seria puede desarrollarse con cada palabra transmitida en directo.

Pero una cosa es preservar la confidencialidad necesaria para negociar y otra muy distinta es mantener a los ciudadanos y a los medios al margen de un proceso que pretende definir el futuro institucional de toda una nación.

Si estamos hablando de una transición democrática, la sociedad venezolana tiene derecho a conocer sus objetivos, sus mecanismos, sus compromisos y, especialmente, sus tiempos.

Porque la democracia no se reconstruye a espaldas de la sociedad.

¿Quién está conduciendo realmente la transición?

Hay otra pregunta todavía más importante.

¿Quién tiene la última palabra?

La respuesta, al menos en términos políticos, parece evidente: la Administración Trump.

Estados Unidos ha asumido un papel determinante en la configuración del actual proceso. Washington ha respaldado la mesa y ha reconocido a la Asamblea Nacional de 2015 como la última institución legislativa venezolana elegida democráticamente que mantiene reconocimiento internacional. Al mismo tiempo, la administración estadounidense trabaja con el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.

Ese hecho obliga a formular una pregunta incómoda:

¿Cuál es exactamente la concepción de transición democrática que está promoviendo Washington para Venezuela?

Porque si el objetivo es la reinstitucionalización de la democracia, el centro del proceso debería ser, inevitablemente, la recuperación de la soberanía popular.

Y la soberanía popular tiene una expresión fundamental:

Sin embargo, la arquitectura de la actual mesa plantea una paradoja difícil de ignorar.

Se reconoce a la Asamblea Nacional de 2015 como institución democrática, pero no participan en ella ni María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia.

Y tampoco están representados todos los sectores de la oposición venezolana que forman parte de la Plataforma Unitaria.

Machado y González, de hecho, señalaron públicamente que no participaron en el diseño, construcción ni funcionamiento del mecanismo y que evaluarían sus resultados a partir de logros concretos y verificables, entre ellos la recuperación de las........

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