La cúpula usurpadora del poder no se detiene en su afán de perpetuarse, pese a los acontecimientos ocurridos a partir del 3 de enero del presente año. Continúan utilizando de manera perversa la “institucionalidad” que han forjado para aferrarse, cada vez más, a unos espacios de poder ilegales e ilegítimos.

El más reciente movimiento táctico dentro de esa estrategia ha sido una nueva reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, destinada a aumentar nuevamente el número de magistrados que integran el máximo órgano del sistema judicial venezolano.

Desde la instalación de la llamada revolución bolivariana, el objetivo fue colonizar el sistema de justicia. Convertir a jueces y fiscales en funcionarios obedientes a los dictámenes del comandante y de su entorno. El resultado, después de veintisiete años de “revolución bolivariana”, es una justicia envilecida; es decir, una justicia corrompida, desaparecida, inexistente.

Si bien durante la democracia del siglo XX existieron carencias en el sistema judicial, lo ocurrido durante estos años del chavomadurismo no tiene parangón. No existen sistemas perfectos, porque las sociedades están formadas por seres humanos imperfectos. Sin embargo, las instituciones pueden perfeccionarse porque el hombre es un ser perfectible.

Lamentablemente, la revolución llegó para revertir los avances de nuestra sociedad y demoler las instituciones republicanas, propósito en el cual han sido tristemente exitosos. Destruyeron la democracia y establecieron un Estado forajido.

Todo comenzó con el ascenso de Hugo Chávez al poder y con la utilización perversa de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 para desmontar el sistema de justicia. No trabajaron para mejorarlo ni perfeccionarlo; se propusieron someterlo a sus intereses políticos. En el nuevo texto constitucional cambiaron incluso la denominación del máximo órgano judicial. La antigua Corte Suprema de Justicia pasó a llamarse Tribunal Supremo de Justicia.

A partir de entonces, el Tribunal y todo el sistema judicial, quedaron bajo control político de la Asamblea Nacional Constituyente, a través de una instancia creada en agosto de 1999 denominada Comisión de Emergencia Judicial, presidida por Manuel Quijada, ejecutor de la política de control del........

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