Una ola de malestar, de críticas y reproches, de argumentaciones cáusticas en contra del gobierno se han levantado como consecuencia de una parranda vallenata que tuvo lugar, con la venia de las autoridades, en el centro penitenciario de Itagüí en el Valle de Aburrá en Antioquia. Desde los días Pablo Escobar, cuando la cárcel de La Catedral fue escenario de fiestas similares, no se habían vuelto a producir hechos de esta naturaleza. La fiesta, amenizada con música y alcohol a raudal, habría costado 140.000 dólares.

Voceros del crimen organizado, parlamentarios pro-gobierno, izquierdistas de postín, integrantes del proceso de paz –proyecto líder del presidente Gustavo Petro– y otra miríada de gentes de todo calibre y pelambre han tomado la palabra frente a la prensa para referirse a este gran desaguisado, demostrativo del nivel de descomposición que se vive en los círculos políticos del país colombiano.

Más allá del escándalo inmediato, el episodio revela algo más profundo que un simple acto de indisciplina o corrupción carcelaria: evidencia un preocupante relajamiento institucional en un lugar que, por definición, debería ser el símbolo máximo del control del Estado sobre quienes han transgredido la ley. Que una cárcel de máxima seguridad se convierta en escenario de celebraciones financiadas por estructuras criminales no solo ridiculiza al sistema penitenciario, sino que pone en entredicho la capacidad del Estado para imponer límites claros a quienes negocian con él.

La destitución del director del penal parece, en este contexto, una medida inevitable pero insuficiente. Reducir el problema a una falla administrativa es ignorar que este tipo de eventos requiere complicidades, omisiones y, posiblemente, una cultura institucional permisiva que ha ido calando con el tiempo. No se trata de un hecho aislado, sino de un síntoma.

Desde el punto de vista jurídico, el episodio plantea interrogantes inquietantes. Si los cabecillas que participaron en la organización del evento hacen parte de procesos de negociación con el gobierno, ¿qué tipo de beneficios o trato diferencial están recibiendo? ¿Se están desdibujando las fronteras entre interlocución política y concesión indebida? La legitimidad de cualquier proceso de paz depende, en gran medida, de la percepción de que el Estado negocia desde una posición de autoridad, no de complacencia.

Políticamente, el impacto es aún más corrosivo. La llamada “paz total” se fundamenta en la idea de incorporar a actores armados en dinámicas de desmovilización y sometimiento. Sin embargo, episodios como este alimentan la narrativa de que el gobierno no solo dialoga con estructuras criminales, sino que tolera –o no logra controlar– comportamientos que deslegitiman el proceso ante la opinión pública.

Los parlamentarios afines al gobierno han intentado relativizar el hecho, señalando el deterioro estructural del sistema carcelario colombiano. Y no les falta razón: el hacinamiento, la corrupción y la precariedad son problemas reales y graves. Pero esa explicación, aunque válida como contexto, no puede convertirse en excusa. Una cosa es reconocer las falencias del sistema y otra muy distinta justificar que en su interior florezcan dinámicas propias del poder criminal que se supone se está combatiendo o regulando.

La pregunta de fondo resulta inevitable: ¿tiene sentido negociar con actores que, incluso en condiciones de reclusión, exhiben tal grado de desdén por las normas? Y más aún, ¿qué mensaje se envía a la sociedad cuando esos actores parecen gozar de privilegios incompatibles con su condición jurídica?

Calificar la actitud del gobierno como ingenuidad o complicidad puede parecer excesivo, pero lo cierto es que la línea que separa ambas percepciones se vuelve cada vez más difusa cuando el Estado pierde control efectivo sobre los espacios que deberían estar bajo su dominio absoluto. La credibilidad de la política de paz no se juega únicamente en las mesas de negociación, sino también en la coherencia entre el discurso y la realidad. Y hoy, esa coherencia está seriamente cuestionada.

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