La regularización extraordinaria de emigrantes sin papeles promovida por diversos colectivos en 2020 —que el Gobierno de coalición decidió tramitar, tras un acuerdo con Podemos, el pasado 27 de enero— se presenta como una iniciativa justa y necesaria. La medida sacará de la clandestinidad a entre 500.000 y 840.000 personas, la mayoría de las cuales trabajan sin los derechos que les corresponden y en condiciones de sobreexplotación. Permitirá, además, resolver la situación de los 200.000 solicitantes de asilo. 

Numerosos estudios destacan los beneficios para la economía que proporcionan las regularizaciones. Esta es la décima que se realiza en España desde la recuperación de la democracia. Las más relevantes fueron la primera realizada por el socialista Felipe González (150.000 personas); las las tres del conservador José María Aznar (524.621 personas) y, posteriormente, la llevada a cabo por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero (576.506 personas).

Como ha señalado la investigadora sénior del Cidob Blanca Garcés, la regularización responde a dos lógicas diferentes: la de los mercados —que tiene que...

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