Nuestro país está inmerso en una transformación del modelo de cuidados que es especialmente relevante para el SAAD (Sistema de promoción de la autonomía y atención a la dependencia). Por ello, desde Derechos Sociales estamos llevando a cabo un congreso multisede que, bajo el título Los cuidados que queremos, nos está permitiendo abordar este cambio de políticas públicas desde un intercambio de experiencias y diagnósticos en diferentes ciudades españolas.

En la segunda edición de este congreso, celebrada en Sevilla, tuvimos la ocasión de levantar la mirada y, a través de un diálogo honesto, poder dibujar el camino que nos lleve al sistema de cuidados de larga duración que queremos y necesitamos para las próximas décadas.

El sistema de la dependencia no existe en el vacío y las decisiones de hoy deben tener en cuenta los nuevos elementos que configuran nuestra sociedad, especialmente la longevidad. Vivimos más años que nunca, un éxito democrático gracias a décadas de políticas públicas orientadas al bienestar. Pero las desigualdades sociales, acumuladas a lo largo de la vida, condicionan cómo envejecemos y qué cuidados y apoyos recibimos, acelerando o frenando la pérdida de autonomía.

Por otra parte, la idea de "brecha generacional" simplifica y distorsiona la realidad. Los retos del bienestar no son generacionales, sino estructurales y tienen que ver con la ruptura del contrato social. Por ello, debemos reconstruirlo sobre la base de la redistribución, del acceso a servicios públicos y, por tanto, de la garantía de derechos. Este debe ser el punto de partida para rediseñar el estado de bienestar, y construirlo también con una dimensión cultural y política compartida de solidaridad y confianza.

En este contexto de longevidad, transformaciones sociales y pacto social intergeneracional, debemos entender los cuidados y apoyos como un bien común y un derecho, y hemos de hablar de sostenibilidad como la capacidad de asegurar derechos efectivos en todas las etapas de la vida.

La sostenibilidad está, por supuesto, vinculada a una financiación estable y suficiente, pero también a otros elementos como la calidad de los servicios y apoyos personalizados; la valorización del empleo de cuidados; la adaptación a realidades sociales, tecnológicas, demográficas y culturales; y por supuesto, la corresponsabilidad institucional y social.

En este marco, desde Derechos Sociales hemos identificado tres retos para alcanzar la sostenibilidad del sistema y que nos sirven para imaginar colectivamente cómo queremos que fuese el SAAD en 2050:

1. Prevención y acceso a derechos a lo largo de la vida. La prevención reduce desigualdades y retrasa situaciones de dependencia. Es decir, el objetivo es preservar la autonomía personal más tiempo, para que esos años extra de vida que vamos ganando se vivan con la mayor calidad de vida posible. El objetivo es anticiparse en vez de reaccionar a la necesidad de cuidado. Para ello es vital la coordinación entre servicios y también con otros sistemas. Y no debemos olvidar la lucha contra la desigualdad como herramienta principal para retrasar la fragilidad física y la pérdida de autonomía.

2. Financiación y calidad. La financiación es un elemento central de la sostenibilidad, pero no es neutral. El debate no es solo cuánto, sino cómo. España destina significativamente menos que la media europea a cuidados de larga duración, pero el reto va más allá del volumen: la arquitectura financiera del SAAD necesita un rediseño profundo en el medio plazo para garantizar equidad territorial y previsibilidad presupuestaria. De igual manera, es necesario saber cuánto aportan realmente las familias para hablar con rigor de sostenibilidad y equidad. Además, hay que conseguir que la financiación se convierta en cuidados y apoyos que garanticen autonomía, proyectos de vida en la comunidad. Esto significa avanzar en el diseño de la cartera de servicios y prestaciones con enfoque de derechos, tal y como plantea la reforma de la ley de dependencia; y además avanzar en marcos de calidad comunes.

3. Atracción y retención de profesionales. Más allá del incremento de financiación necesitamos que haya quien provea los cuidados de manera digna y profesional. Las dificultades para encontrar profesionales son una constante en todos los países occidentales. Y en España, que no es una excepción, ya empiezan a sentirse las tensiones de déficit de personal. Hay mucho margen de mejora en los salarios, y también en continuar avanzando en legislación laboral como ya se está haciendo desde los ministerios responsables; pero hay dos retos fundamentales ligados a la formación: 

-Actualizar la formación de los profesionales acorde con el enfoque de derechos que exige el nuevo modelo. 

-Lograr que más personas obtengan la certificación profesional necesaria para trabajar en el sistema. 

A ambas cuestiones daremos respuesta con un nuevo real decreto de certificación profesional que estamos trabajando con el Ministerio de Educación. Este enfoque, combinado con la regularización extraordinaria de migrantes, creemos que puede acelerar y facilitar la formación e incorporación de profesionales al sistema, dando respuesta a este problema estructural de sostenibilidad.

Debemos entender los cuidados y apoyos como un bien común y un derecho

La conclusión principal es que el futuro del SAAD no es solo un futuro de servicios y prestaciones; es un futuro de vínculos y de comunidad, de autonomía y de derechos reales, pero también de compromiso con la justicia social y con la reducción de desigualdades, incluida la de género.

El horizonte 2050 del sistema de dependencia parte de la base de que es un pilar esencial de la dignidad y los derechos de las personas, pues todas lo van a requerir en algún momento de su vida. La transformación iniciada para las próximas décadas es imparable y todos los agentes la comparten.

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