El conocimiento ni se compra ni se vende. Toda forma de aprendizaje exige una mediación abierta, y el dominio público de socialización de los saberes, de la ciencia y la tecnología. Por ello, el derecho constitucional a la educación presupone tanto la garantía de acceso universal como la calidad del servicio público, condición esencial para la formación de la ciudadanía y, menos común cabe observar en el actual debate sobre la privatización de la universidad, necesario también para el desarrollo económico y social.

En congruencia con tales principios, son imprescindibles políticas públicas activas que contribuyan a reforzar la red de universidades públicas en todo el territorio desde el punto de vista de su organización y financiación sostenible. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de países de la UE, en España, a lo largo de las dos últimas décadas, se ha experimentado un crecimiento desmesurado de las universidades privadas sin un crecimiento de población o la demanda real efectiva, dando lugar a un desequilibrio y dinámicas de desarrollo que socavan el principio constitucional de acceso universal a una educación de calidad. La acción de gobiernos autonómicos del PP/Vox y la inacción del Ministerio han derivado en una proliferación de centros comerciales, de institutos técnicos habilitados para la expedición de títulos sin homologar de facto los requerimientos legales que exige la norma.

Como resultado, se observa un alarmante proceso de deterioro del sistema de educación superior que cuestiona el derecho de acceso a la educación de calidad, así como el propio marco normativo vigente. Tal deriva no es una casualidad. Forma parte de un proyecto neoliberal largo tiempo anhelado por el capital desde la gloriosa década de los ochenta.

De la OCDE al Informe Bricall, la banca y las grandes corporaciones han venido desplegando diversas estrategias de presión para minar las dos bases del Estado de bienestar: la sanidad pública y el sistema educativo. La conversión en negocio de la educación formal, primero de la enseñanza obligatoria, y ahora, de forma intensiva, en el ciclo superior, tanto por lo que se refiere a la formación profesional como a los estudios universitarios, viene haciendo realidad, como consecuencia, la imposición de un modelo de acceso selectivo a la educación que socava el principio de igualdad.

Llama la atención que, en el debate mediático, algunos actores defensores de los intereses del Banco Santander o de la........

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