El cierre de un año no solo invita a balances personales; también obliga —si se ejerce el derecho con conciencia— a detenerse y mirar el camino recorrido. El derecho penal, quizá más que cualquier otra rama, vive permanentemente tensionado entre dos pulsiones opuestas: el castigo como respuesta inmediata al conflicto social y la promesa, siempre postergada, de un modelo más humano, restaurativo y respetuoso de las garantías. Este año no fue la excepción.

Durante meses vimos cómo, frente a casi cualquier problema social —violencia, inseguridad, protesta, conflicto familiar, marginalidad— la respuesta volvió a ser la misma: más delitos, penas más altas, discursos de endurecimiento punitivo y una confianza casi automática en que el castigo puede resolver lo que el Estado no supo prevenir. El derecho penal fue nuevamente convocado como remedio urgente, como respuesta simbólica, como mensaje político. Pero cabe preguntarse, con honestidad jurídica y sin eufemismos: ¿avanzamos realmente hacia un derecho penal distinto o seguimos repitiendo fórmulas que ya demostraron sus límites?

El uso del derecho penal como primera —y a veces única— herramienta frente al conflicto no es nuevo. Sin embargo, este año reafirmó una tendencia preocupante: la expansión constante del ius puniendi, acompañada de una retórica que promete seguridad, orden y justicia, pero que rara vez se detiene a evaluar sus consecuencias reales. Se legisla rápido, se endurece con facilidad, se apela al miedo colectivo. El proceso penal, mientras tanto, sigue cargando con demoras estructurales, desigualdades probatorias y una distancia cada vez mayor entre el discurso normativo y la experiencia concreta de quienes lo habitan.

Uno de los grandes dilemas del derecho penal contemporáneo es su función simbólica. Se castiga para enviar mensajes, para tranquilizar a la opinión pública,........

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