Cada cierto tiempo, Colombia presencia el mismo ritual político-criminal. Ocurre un hecho violento que estremece a la opinión pública, se encienden las alarmas mediáticas y, casi como una fórmula automática, surge la propuesta: “hay que aumentar las penas”. Lo hemos visto frente al feminicidio, los delitos sexuales contra menores, la corrupción, la violencia contra líderes sociales e incluso los delitos ambientales. El legislador, urgido de mostrar eficacia, recurre a la herramienta más visible y simbólica: endurecer el Código Penal. El mensaje parece claro y reconfortante: si se castiga con mayor severidad, la sociedad estará más segura. Sin embargo, detrás de ese aparente sentido común se esconde una paradoja inquietante: mientras las penas crecen en el papel, la inseguridad y el miedo ciudadano también lo hacen. ¿Qué está fallando? ¿Realmente más cárcel equivale a más seguridad, o estamos frente a un placebo político, una ilusión que calma momentáneamente el malestar social, pero que no ataca las causas del problema?

La criminología crítica ha dado nombre a este fenómeno: populismo punitivo. Se trata de la utilización del derecho penal como escenario simbólico donde el legislador responde al clamor ciudadano con reformas que, aunque mediáticamente rentables, rara vez se traducen en mayor seguridad. El guion es casi siempre el mismo: un caso conmociona a la opinión pública, los noticieros abren con imágenes de dolor y rabia, y en el Congreso se presentan proyectos de ley que prometen “mano dura”. Poco importa si las estadísticas demuestran que las penas ya eran altas, si el sistema penitenciario está colapsado o si los problemas de impunidad tienen otras causas. Lo relevante, en el plano político, es dar una respuesta rápida que........

© Zona Cero