La enseñanza sufre el mismo deterioro que casi todo lo demás. No podemos regocijarnos por la caída del nivel, una decisión política progresista específicamente programada para sembrar un falso bienestar y para ganar un espurio agradecimiento a los líderes del partido que cada vez achica más las exigencias y relaja el respeto y disciplina de los alumnos. Lo de establecer derechos no está mal, siempre que se garantice la educación de quienes desean recibir una enseñanza de calidad.

Aquí nace el gran dilema de un profesor: ponerse al nivel más bajo para que toda la clase lo siga, en cuyo caso fastidia a los avanzados, o atender a los mejores, mientras los rezagados se distancian aún más. De manera tácita o explícita el profesor ha de mostrarse favorable al paso de curso, incluso cuando se sabe que sembrarán la desigualdad en la clase siguiente porque su nivel no le permite seguir el programa.

La llamada Ley Celaá ha relajado la motivación, el aprendizaje, la disciplina y potenciado la burocracia. Y de eso se queja, desmoralizado, el profesorado, que más que controlar los avances se ve obligado a protegerse y a defenderse no ya del alumnado desmotivado y molesto, que eso todavía podría tener solución, sino del interesado en que los demás tampoco se beneficien de la enseñanza, también interesados en sembrar el desconcierto y en desautorizar al profesor con ataques a sus puntos flacos, ya sean físicos o morales.

El docente ha sido privado de incentivos, de expectativas profesionales, y por supuesto de reconocimiento social o protección moral. Le queda asistir, impávido, al desolador espectáculo de contemplar cómo las........

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